Funcionarios de la oposición hablaron acerca del informe que dio a conocer que al menos 2800 personas muertas cobran el programa Potenciar Trabajo, mediante familiares o terceras personas. En ese contexto apuntaron al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.
“Es una estafa”, dijo Waldo Wolff, referente de Juntos por el Cambio. Y sumó: “El Ministerio de Desarrollo Social debería denunciar penalmente a estos beneficiarios. Es estafa cobrar el plan de un muerto”.
Por su lado, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, también opinó al respecto. “Las organizaciones sociales se tienen que autointerpelar porque te meten 5.000 personas en la 9 de Julio, pero para conseguir beneficios y montar un Estado paralelo”, dijo.
“Ministra, Victoria Tolosa Paz. Su cartera permitió que casi 3000 personas fallecidas accedieran al plan Potenciar Trabajo. Queremos se le inicie una acción penal por estafa a quienes falsearon identidad e investigar a las organizaciones sociales que administraron los planes”, subrayó.
A su vez, Emilio Monzó opinó: “Hace falta una gestión eficiente de los planes sociales para terminar con las avivadas y que la ayuda llegue a quienes verdaderamente lo necesitan. El Potenciar Trabajo tiene que ser una herramienta para crear empleo genuino. En junio presenté un proyecto de ley en ese sentido”.
“Propongo transformar las prestaciones del programa Potenciar Trabajo en incentivos para la contratación bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado, con beneficios impositivos para el empleador. El Estado aporta parte del sueldo del trabajador por 12 meses. Tenemos que reconvertir los planes sociales en trabajo como parte de una política integral orientada a terminar de manera efectiva con la pobreza en nuestro país”, enfatizó.
También Néstor Grindetti, intendente de Lanús, se quejó sobre el caso: “Lo que faltaba. Basta de reírse de los laburantes. Hay que terminar con los planes y avanzar sobre el trabajo. Hay que devolverle la dignidad a la gente. No da para más”.
Qué decía la denuncia de la AFIP
La AFIP elevó un informe a Desarrollo Social durante octubre en el que quedaba demostrado que al menos 2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial a través de familiares o terceras personas. El entrecruzamiento de datos también determinó que otros beneficiarios “tienen dos o más propiedades”, según las declaraciones de Bienes Personales presentadas.
El exministro Juan Zabaleta había pedido que se realice ese informe el 30 de junio pasado, “a los fines estadísticos y de manera global, no individual”. El cruce de información “que se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa” se detectó que: “253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos seis meses”.
La información se elevó al Ministerio de Desarrollo Social el 24 de octubre. Los documentos membretados llegaron 11 días después de que Tolosa Paz jurara como nueva responsable del área en lugar de Zabaleta quien había decidido renunciar para reasumir como intendente de Hurlingham.
