Redacción Vía País
Mediante el Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno comenzará a auditar a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Son alrededor de 40 puntos que profundizan en la realidad social, económica y política de quienes lo reciben: cerca de 1.300.000 personas.
Entre las preguntas, se encuentra a qué organización pertenecen, si dejarían el plan por un trabajo formal, cuál es la contraprestación laboral que hace para cobrar el plan, y si desarrollan otra actividad y qué remuneración perciben. Asimismo, se pregunta si cobran otro plan, o si en sus hogares reciben de manera gratuita: leche, bolsas o cajas de alimentos secos o fresco o raciones de comida a través de merenderos o comedores.
A su vez, se les consulta si “conocen a qué Unidad de Gestión (UG) y/u organización pertenece” y en este caso debe nombrar si trabajan en una cooperativa, por ejemplo, a cargo de los oficialistas Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, o de organizaciones enfrentadas al gobierno del Frente de Todos, como el Polo Obrero o el Movimiento Teresa Vive-MTS, que integran la Unidad Piquetera.
Sin embargo, en la encuesta no se pregunta sobre las condiciones del espacio en donde cumple las 60 horas mensuales; o si sufren algún tipo de abuso por parte de los dirigentes sociales a cargo de las Unidades de Gestión.
“El objetivo de la encuesta es conocer las condiciones socio demográficas de los titulares. Los estudios alcanzados y el tipo de actividad que realizan en el marco del programa: qué tipo de contraprestación realiza en el marco del Potenciar Trabajo y cuántas horas diarias cumplen”, señalan desde Desarrollo Social.
Sin embargo, más allá de las respuestas que obtengan, aseguran que “por ahora no se le va a suspender el beneficio a nadie”. Por lo que no queda claro cuál es, entonces, el fin de la auditoría.
Las preguntas que faltan en el cuestionario
Para Eduardo Belliboni (Partido Obrero); Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur) y Mónica Sulle (MTV-MST) esta acción persigue el objetivo de recortar unos 400.000 beneficiarios, para cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional. Para Belliboni, incluso, no se terminará la auditoría en todo el país ni sobre todas las Unidades de Gestión. “Están haciendo todo este show para la popular. Para conformar a Cristina. Es pura espuma”, dijo.
La referencia de Belliboni tiene que ver con que la vicepresidenta Cristina Kirchner denunció el pasado 20 de junio que el Gobierno que ella misma integra “tercerizó” el manejo de los planes sociales y apuntó contra el Movimiento Evita. Así, planteó que el Estado debía “recuperar el control” sobre estos programas.
El encargado de implementar la auditoría es Zabaleta y si bien los dirigentes no se opusieron al control, habrían forzado dos cambios: auditar a la Unidades de Gestión de los movimientos sociales, pero también las que dependen de iglesias, pequeños emprendimientos privados, ONG´s, municipios y gobernaciones.
Asimismo, determinaron que las encuestas se hagan en los lugares de trabajo, de modo que los beneficiarios expongan la falta de insumos que Desarrollo Social debe enviar.
Qué presupuesto se destina al Potenciar Trabajo
Durante 2021, se destinaron 226.557 millones de pesos al Potenciar Trabajo, lo que significa el 43% del presupuesto ejecutado del ministerio de Desarrollo Social, según los datos del ministerio de Economía. Desde septiembre, los beneficiarios recibirán 25.600 pesos, y como contraprestación deben cumplir un mínimo de 20 horas de tareas semanales.
Los auditores serán estudiantes de universidades públicas que están siendo capacitados para la tarea. Estarán acompañados por funcionarios de Desarrollo Social y de los propios movimientos populares que, en su mayoría, integran el Frente de Todos.
Alejandro Gramajo, subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, dijo: “El principal objetivo es conocer mejor la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. La idea es relevar en qué condiciones trabaja el sector y fundamentalmente mejorar el programa”.
Este viernes comenzarán las primeras auditorías en Unidades de Gestión (cooperativas de trabajo) de los municipios bonaerenses de Lanús e Ituzaingó y en la ciudad de Santa Fe.
En Lanús se realizará en el ECOPUNTO, “dónde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan actividades de reciclado, herrería y obrador y también llevan adelante comedores comunitarios y de estudios para completar la escuela”, según se difundió desde la Secretaría de Economía Social.
Cabe mencionar que la entrevista es obligatoria y quien no la realice cobrará el 50% del monto mensual.
Cuáles son las preguntas más destacadas
La mayoría de las respuestas a las preguntas que se realizan en el “formulario de certificación” se acreditarían cruzando la información en organismos con ANSES o AFIP.
Los encuestadores consultarán también qué tipo de “contraprestación” realizan los beneficiarios. Si no desarrollan ninguna tarea en una cooperativa o pequeña empresa, familiar o no, no estudian o se capacitan, el Ministerio de Desarrollo Social está facultado para darle de baja del programa.
En caso de responder de manera positiva, las personas deberán relatar que tareas realizan y para quien lo hacen. También si son integrantes activos de una organización social y deberán confiar si lo hacen en un movimiento oficialista u opositor. Una pregunta polémica a los fines de la auditoría, como también lo son las consultas acerca de si integran una organización social y cuántas horas laborales están dispuestos a realizar si tuviese un “trabajo en blanco”.
“Los movimientos populares vamos a acompañar las auditorías de Potenciar Trabajo, pero no vamos a tolerar su uso mediático ni la creciente estigmatización a quienes perciben un Salario Social Complementario”, dijo Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la oficialista Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).