Por la causa que investiga el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, volvió a procesar este mismo jueves a cuatro miembros del grupo Revolución Federal, que está acusado por difundir mensajes de violencia, además de realizar “escraches” contra políticos.
El magistrado embargó los bienes del grupo por $9 millones, pero todos seguirán en libertad. El fallo plantea que “alentaron a la persecución, al odio y a la violencia de un sector determinado de la sociedad”.
Además, explicaron que el fin principal de la agrupación era “imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”.
Este fallo involucra de lleno a su líder, Jonathan Morel, además de a Franco Sosa, Sabrina Basile y Ezequiel Ángel Guerra. La pena que pesa sobre ellos es el procesamiento, pero sin prisión preventiva, lo que implica el embargo sobre sus bienes personales.
La resolución del procesamiento de Revolución Federal: los detalles
Lo planteado por el magistrado De Giorgi expone: “Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los imputados llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
Plantea que hicieron uso de “manifestaciones intimidantes” en diferentes redes sociales, tales como Twitter, Instagram y Facebook, además de repartir folletería en protestas autoconvocadas.
El juez destacó que “alentaron a la persecución, al odio y a la violencia de un sector determinado de la sociedad, concretamente de las autoridades públicas pertenecientes a la coalición política Frente de Todos y de sus simpatizantes”.
“Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas”.
Los mensajes a los que hace referencia De Giorgi se vinculan con frases tales como “los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle”, “todos van a sufrir las consecuencias de sus actos” y “no tienen que poder caminar en la calle en paz”, lo que según el propiciaron un clima de violencia “en donde se perpetró el atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación”.
Para cerrar, el letrado dijo: “Resultan contundentes los elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación, que sustentan la imputación”.
Este martes, La Cámara Federal liberó a los cuatro acusados, debido a que no existían “riesgos procesales suficientes”, que justificaran “mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado”.
