El Frente de Todos renovó la presión contra Carlos Stornelli, el fiscal que dictaminó a favor de archivar la causa de los chats entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia porteño en uso de licencia.
En una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que analiza la acusación contra los cuatro jueces del máximo tribunal, el bloque oficialista anticipó que pedirá iniciar un sumario contra Stornelli por negarse a declarar de manera presencial por segunda vez consecutiva, con el objetivo de trasladarlo a la comisión por la fuerza pública.
El fiscal informó al procurador general interino, Eduardo Casal, que espera el envío de las preguntas por escrito, pero el Frente de Todos insiste en que se presente. “Si accedemos a enviarle las preguntas, estaríamos violando el reglamento”, sostuvo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.
Por eso, le comunicarán a Casal sobre la “incomparecencia” del fiscal para que “inicien las acciones disciplinarias correspondientes”, basándose en el reglamento de la comisión, que según indicó Gaillard solo habilita a declarar por escrito al presidente de la Nación, el vicepresidente y los gobernadores.
Juntos por el Cambio volvió a rechazar la decisión. “Da la impresión de que el oficialismo no tiene interés en las respuestas de Stornelli, sino en seguir con el circo. Si realmente les interesara, es cuestión de mandarle las preguntas, las responde y en dos días tenemos las respuestas”, planteó Pablo Tonelli (PRO).
El legislador advirtió que la Ley Orgánica del Ministerio Público “está muy por encima del reglamento de la comisión” y por ende “los fiscales están eximidos de asistir personalmente a prestar declaración”.
Stornelli, que tuvo a su cargo causas sensibles para el kirchnerismo (como Hotesur y los “cuadernos de la corrupción”) fue citado a declarar después de que el juez federal Sebastián Ramos se amparara en el dictamen del fiscal para cerrar la causa de los chats filtrados, argumentando que se cometió espionaje ilegal.
En otro orden, Gaillard informó que la denuncia por “falso testimonio” impulsada por el oficialismo contra el juez Ramos recayó en el Juzgado en lo Penal Nro. 9.
Al declarar el 23 de febrero, Ramos negó tener “algún vínculo sistemático” con D’Alessandro y Robles, mientras casi en simultáneo se filtraba una nueva conversación entre el juez y el funcionario porteño, donde se infiere una supuesta devolución de favores. Por eso el Frente de Todos acusa al magistrado de mentir bajo juramento de ley.
