Redacción Vía País
Este jueves se abrirá una nueva jornada en el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente, Alberto Fernández, en donde se darán las primeras exposiciones de legisladores, asociaciones y abogados ante la Comisión en Diputados.
Se tratan de 14 proyectos que serán leídos ante los miembros del organismo, que leerán sus acusaciones contra los miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes se los acusa por mal desempeño.
La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría, y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.
Sin embargo, cabe remarcar que para avanzar definitivamente ante los miembros de la Corte Suprema, debería contar con 172 diputados a su favor, un número casi imposible de llegar en la cámara baja, ya que la Cámara de Diputados tiene actualmente un total de 118 diputados del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio tiene 116.
“En el gobierno saben que no tienen los votos en el recinto ni en Diputados para lograr la remoción (de los jueces de la Corte), pero como por un voto tienen la mayoría en la comisión de Juicio Político, quieren ver el modo más efectivo de desgastar y maltratar a los miembros del máximo tribunal”, expresó el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2x1″ para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otra de las causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.