En una sesión atravesada por la polémica, el Senado trató a partir de las 14 horas la ley de financiamiento universitario, que la oposición buscaba sancionar y el presidente Javier Milei amenazaba con vetar; y la reforma electoral para implementar la boleta única de papel, un proyecto que recibirá cambios y volverá a la Cámara de Diputados.
En una jugada de último momento acordada con bloques dialoguistas y rechazada por Unión por la Patria, el oficialismo quitó del temario el DNU 656/24, que incrementó en $100.000 millones los fondos reservados para gastos de inteligencia.
La oposición se disponía a voltear definitivamente el decreto, pero este miércoles, mientras Diputados trataba el veto a la movilidad jubilatoria, Milei recibió en la Casa Rosada a la vicepresidenta Victoria Villarruel y un grupo de senadores dialoguistas con quienes se habría acordado no tratar el DNU.
A Casa de Gobierno fueron el jefe del bloque PRO, Luis Juez; su par de la UCR Eduardo Vischi; Edgardo Kuieder y Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Lucila Crexell (Comunidad Neuquén) y Beatriz Ávila (Justicia Social), además del presidente de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche.
Tras esa reunión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos (también presente) envió una nota a Villarruel en la que le solicita que convoque a una sesión secreta con el fin de que el secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen a los senadores sobre el destino de los fondos reservados.
El pedido, con el que el Gobierno buscaba evitar un revés en el Senado, se dio mientras se encuentra en pleno funcionamiento la Bicameral de Inteligencia, presidida por el radical Martín Lousteau, con potestad para controlar el uso que se le da a esos recursos, también en reuniones secretas.
La decisión enojó a Unión por la Patria, que quiere insistir con el tratamiento del DNU en la sesión de este miércoles. El bloque liderado por José Mayans, que necesita sumar solo cinco votos más para rechazar el decreto, ya había intentado sesionar el jueves pasado con el mismo temario, pero no consiguió quórum.
Ahora, los cañones apuntan al radicalismo, que viene de aportar cinco votos en Diputados para sostener el veto a la movilidad jubilatoria. “En otra voltereta radical, esta vez en el Senado, acordaron sacar del temario de la sesión de mañana el DNU de fondos reservados de la SIDE”, denunció la vicejefa del bloque kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti.
Por si fuera poco, acusan al jefe del bloque radical, el correntino Vischi, de haber llamado “uno por uno” a los senadores para frenar el tratamiento del presupuesto universitario. Además, advierten que, en nombre del gobernador Gustavo Valdés, Vischi también se opone a la boleta única.
Según fuentes parlamentarias, Valdés no quiere modificar el sistema porque enviaría una señal contradictoria dentro de su provincia. Allí, hay quienes impulsan esta modalidad, pero el gobernador (que ya no puede renovar su mandato el año que viene) la rechaza.
La ley de financiamiento universitario
Por otra parte, la ley de financiamiento universitario (que tiene un costo de 0,14% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso) tiene apoyo de Unión por la Patria, un sector del radicalismo encabezado por Martín Lousteau, y también la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), que este miércoles salió a ratificar su voto a favor.
“Como ya lo expresé, Argentina no merece que se desfinancie la universidad pública. La educación superior significa progreso, representa oportunidades, movilidad social y económica, y contribuye a la igualdad. Acompañaré con mi voto la ley de financiamiento universitario. No se puede perder esta oportunidad”, afirmó Vigo.
En primer lugar, la iniciativa establece una actualización de los gastos de funcionamiento por IPC (Índice de Precios al Consumidor) anual de 2023, con un impacto de $210.742 millones (0,04%) según la OPC. Y luego fija un ajuste bimestral por IPC 2024 de esos mismos gastos, por un total de $86.254 millones (0,02% del PBI).
Además, recompone los salarios docentes y no docentes del sistema universitario, con un impacto de $441.600 millones (0,08% del PBI). La recomposición será a partir del 1ro de diciembre de 2023 y hasta este mes, según la variación acumulada de la inflación durante ese período. Y, desde el mes siguiente a la sanción de la ley hasta fin de año, habrá un ajuste mensual también por IPC, salvo que haya un acuerdo paritario.
Por último, se incluye una ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles; y se indica que la AGN (Auditoría General de la Nación) deberá realizar auditorías sobre el gasto universitario y remitirlas al Congreso.
