Corresponsalía Buenos Aires
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal para que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro. Según informaron fuentes presidenciales, la presentación ante la justicia nacional fue hecha por Martín Soria ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En el comunicado difundido por prensa de Casa Rosada se informa que a D’Alessandro se le imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
En la denuncia también se pide que sean investigados empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó el ministro Soria en la red social Twitter.
El escrito presentado ante la justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos” y esto sería “incompatible con un Estado de Derecho”.
Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A. Desde el Gobierno Nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.
La filtración de chats, además del capítulo ligado a los contratos con proveedores del gobierno porteño, también incluye supuestos mensajes intercambiados entre D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban tácticas para que el Gobierno porteño use ante el máximo tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.
El martes pasado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, atribuyó la filtración de los chats a “una operación de espionaje ilegal del kirchnerismo”. También dijo confiar en su ministro, quien realizó un pedido de licencia por 60 días.
Felipe Miguel, jefe de gabinete de Larreta, remarcó hoy que la filtración de los chats se trató de “una operación ilegal”.
“Este episodio es producto de una operación ilegal y tenemos que condenar muy fuertemente estos hechos, porque atacan derechos esenciales de las personas, como la privacidad, la intimidad y la libertad misma”, dijo Miguel a Radio Rivadavia.
En la difusión de estos chats hubo “una operación ilegal y eso es peor la adulteración”, insistió el colaborador del jefe de Gobierno porteño.
