El bloque de diputados de la UCR, que encabeza Mario Negri, presentó finalmente el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández por mal desempeño y eventual comisión de delitos, luego de que anunciara que pagará a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables a través de bonos.
En el pedido de remoción, que tiene pocas posibilidades de prosperar en el Congreso por las mayorías que se necesitan, los radicales advierten que el Gobierno decidió “no acatar de forma acabada” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que se le devuelva a la Ciudad un 2,95% de la coparticipación.
La UCR había anunciado que promovería el juicio político, apenas Fernández sugirió que no acataría la sentencia de la Corte. Luego, cuando el presidente informó que cumpliría, el proyecto quedó en “stand by”. Pero finalmente Negri decidió presentarlo, al considerar que el Gobierno comete un “ardid malicioso” al querer pagar con bonos y no “cash”.
“Es un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo de la Corte, convenida previamente entre el presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales”, señalan los diputados.
El pedido de juicio político fue firmado por los 33 integrantes del bloque radical y se suma a otras acciones impulsadas desde la oposición, como la denuncia penal presentada por la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por los delitos de desobediencia, alzamiento, e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La reacción de Juntos por el Cambio va en línea con la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien este martes reiteró que Fernández “hace trampa para incumplir el fallo” y no pagar la coparticipación “por goteo” a la Ciudad.
“Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental, y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”, explican los diputados radicales.
El juicio político tiene como fin la destitución del funcionario. Pero para eso se necesita una mayoría especial de dos tercios de los votos en ambas cámaras (en Diputados para acusar, y en el Senado, para juzgar). Por eso es muy difícil que el proceso avance.
