En medio del clima hostil entre el Gobierno nacional y porteño por la coparticipación, Alberto Fernández anunció que acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia y le pagará a la administración porteña los fondos coparticipables con bonos TX31.
La medida se hizo efectiva y salió este martes en el Boletín Oficial, donde se detalla que se trata de 98.500 millones de pesos que serán depositados en bonos del Tesoro en una cuenta bancaria de la administración porteña.
El el escrito, el Gobierno aclaró que decidió “buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el Honorable Congreso de la Nación dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta”.
“Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, había anunciado el jefe de Estado a través de su cuenta oficial de Twitter.
Y agregó: “Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
Fernández reiteró que la definición de la Corte es de “imposible cumplimiento” y aseguró que recurrió al “único remedio posible y razonable” ante “una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente”.
Sin embargo, ratificó que promoverá un recurso de revocatoria “in extremis” para que se revise la medida cautelar dispuesta y que recusará a los ministros del máximo tribunal “porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.
Qué dice el fallo de coparticipación
El máximo tribunal aseguró en su fallo que “se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.606, sancionada el 10 de diciembre de 2020, en tanto –según afirma– lesiona y viola el carácter concertado o convencional de la transferencia de facultades y funciones de seguridad de la Nación a la Ciudad Autónoma (CABA) en materias no federales, así como el coeficiente de coparticipación que le corresponde, todo lo cual habría quedado consentido con anterioridad generando derechos a su favor”.
Y adelantó: “Solicita que se condene al Estado Nacional a pagarle la suma equivalente a los fondos retenidos por aquel sobre sus ingresos en concepto de coparticipación de impuestos, de conformidad con el artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional y el decreto 257/2018 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, con más los intereses desde el 10 de septiembre de 2020 hasta su efectivo pago”.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechaza el pago con bonos
En el gobierno porteño rechazaron el pago con bonos porque, alegaron, esos fondos coparticipables “no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”. En rigor, la medida cautelar solo indicó que la Nación debía realizar “transferencias en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.
No conforme, Rodríguez Larreta volvió a denunciar que la Casa Rosada no cumplió con la definición judicial y presentó un escrito ante la Corte para que “se arbitren los medios necesarios” y se garantice el cumplimiento de lo dispuesto.
Además, el mandatario porteño y aspirante presidencial del PRO instruyó a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo.
La diputada nacional por el Pro y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal plasmó la reacción del larretismo con un mensaje directo al Presidente: “Pague como ordenó la Corte Suprema, no con bonos. Deje de hacer trampa. Eso es justicia”, reclamó.
En tanto, la titular del PRO Patricia Bullrich volvió a exponer los matices con sus socios macristas que caracterizan la carrera hacia el 2023 y salió a celebrar. “¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional”.
El volantazo del gobierno nacional también hizo que los diputados radicales liderados por el cordobés Mario Negri dejen sin efecto el pedido de juicio político que iban a promover contra el Presidente.
“Hay un primer paso importante. No tenía opción el Presidente de desobedecer a la Corte porque eso implicaba un grave desconocimiento del Estado de derecho. Ahora, el cumplimiento irregular del fallo también implica un desconocimiento, me parece que tiene que haber un diálogo y sentarse Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ver cómo se regularizan estos pagos”, evaluó Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes y uno de los referentes de mayor peso dentro del radicalismo, en declaraciones a Radio Con Vos.
Por lo pronto, el conflicto avanzará en la Justicia, donde la Corte debe pronunciarse ante la demanda que promovió la Ciudad y con la que esperan recuperar los alrededor de $250.000 millones perdidos desde 2020, cuando el gobierno nacional le quitó recursos para destinarlos al financiamiento de la Policía bonaerense.
