La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las apelaciones que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y otros procesados presentaron para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo que revocó el sobreseimiento de los acusados y ordenó que se haga el juicio oral.
“Que la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta Sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”, resolvieron los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Javier Carbajo en su fallo.
No obstante, la titular del Senado aún puede interponer un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia.
A mediados de septiembre, Casación revocó los sobreseimientos de Cristina Kirchner y de una treintena de imputados en el caso y dispuso que se haga el juicio oral. La única excepción fue la de Florencia Kirchner a quien el tribunal le confirmó el sobresemiento. Los jueces Barroetaveña y Petrone señalaron que el caso se había cerrado con lo que fue calificado como elementos novedosos pero que a su criterio no era así y que debía analizarse en un juicio oral.
Presunto lavado de dinero y asociación ilícita
En las dos causas se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Uno de los acusados es el diputado nacional Máximo Kirchner.
De acuerdo con Infobae, Cristina Kirchner, su hijo, Báez, López, De Sousa y otros acusados apelaron para que intervenga la Corte Suprema. La defensa de la vicepresidenta, a cargo de Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, pidió la nulidad de la resolución porque se dictó sin la intervención de la jueza Ana María Figueroa, que fue cesanteada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por llegar a los 75 años -la edad máxima que establece la Constitución Nacional- sin contar con un nuevo acuerdo del Senado, que lo obtuvo la semana pasada.
En la apelación, la defensa planteó otros argumentos para que llegar a la Corte Suprema. Señaló que en los dos casos hubo acciones coordinadas contra Cristina Kirchner “desde sectores políticos, mediáticos y judiciales afines al gobierno de Mauricio Macri”. También que la Cámara de Casación no hizo una evaluación correcta de la prueba por la cuál los tribunales orales dictaron los sobreseimientos.
El rechazo de Casación
Pero Casación los rechazó porque ninguno de los requisitos para llegar al máximo tribunal se dan en este caso. El primero que sea una sentencia definitiva -el expediente sigue abierto- y el segundo que haya existido arbitrariedad en la resolución. “Es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual los presentantes no han conseguido probar”, explicaron y agregaron que “las partes recurrentes han basado sus impugnaciones en la reedición de planteos que han tenido adecuada respuesta y en juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal que invocan”.
Los jueces también señalaron que en el caso no hay una violación del plazo razonable para juzgar el hecho -las causas son de 2014 y 2016- y “tampoco se advierte ni se ha demostrado que se configure en el caso un supuesto de gravedad institucional para habilitar la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Según Infobae, Las defensas tienen ahora un plazo de cinco días para ir directamente a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de queja.