La fiscal Betina Lacki solicitó al juez Guillermo Atencio la detención del concejal massista de La Plata, Facundo Albini, así como la detención de su padre, Claudio Albini, y de los propietarios de las 48 tarjetas de débito que pertenecían a Julio “Chocolate” Rigau, un operador político del PJ que fue arrestado.
Estas tarjetas de débito estaban vinculadas a empleados ficticios de la Legislatura bonaerense a quienes Rigau les abonaba salarios sin que desempeñaran ninguna función real. La fiscal tomó esta medida después de que los imputados fueran formalmente acusados y se les denegara la posibilidad de solicitar la eximición de prisión, como lo había anticipado el canal de noticias TN.
La solicitud de detención de la fiscal se basa en la preocupación de que los imputados puedan obstaculizar la investigación o eliminar pruebas relevantes.
La decisión de aceptar o rechazar esta solicitud recae en el juez Atencio y abarca al concejal Facundo Albini, quien previamente ocupó el cargo de Director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa en la Cámara de Diputados bonaerense, a su padre Claudio Albini, ex subdirector de Personal, y a los 48 empleados ficticios de la Legislatura.
Testigos que declararon ante la fiscal Lacki han mencionado a los Albini como las personas que supervisaban a los empleados ficticios de la Legislatura. Ambos han sido imputados por los delitos de “asociación ilícita” y “fraude a la administración pública”, que no permiten la excarcelación. Según una fuente judicial de alto nivel citada por TN, los Albini se encargaban de gestionar los contratos en el Banco Provincia para los 48 titulares de las tarjetas de débito que se incautaron a Rigau cuando fue detenido en flagrancia.
Según fuentes judiciales, los Albini acompañaban a los supuestos empleados en los trámites para obtener las tarjetas de débito, y una vez obtenidas, estas quedaban en poder de Julio Rigau y otros operadores políticos para retirar dinero mes a mes.
Los recibos de sueldo de estos empleados ficticios eran generados mensualmente por la Secretaría Administrativa de la Cámara, con duplicados: uno quedaba en manos del asesor y el otro era devuelto a la Secretaría Administrativa.
Se ha advertido que esta supuesta maniobra de fraude financiaba campañas políticas utilizando una caja política dentro de la Legislatura, lo que se suma a otras cajas similares en la administración pública. Se ha sugerido que si se profundiza en la investigación, podrían encontrarse más legisladores y líderes de bancada involucrados en esta trama.
En el caso de las 48 personas cuyos nombres aparecen en las tarjetas de débito relacionadas con la corrupción, el juez considera que forman parte de la supuesta asociación ilícita, al menos como partícipes necesarios y colaboradores. Muchos de ellos son familiares y amigos de Rigau, quien se encuentra bajo custodia.
La Justicia ha emitido notificaciones a estos individuos para informarles que están siendo investigados. Según las resoluciones emitidas por el juez Atencio, la fiscalía no solo ha modificado los delitos bajo investigación en este caso, sino que también ha añadido más imputados al proceso.
