Redacción Vía País
La causa que tiene como protagonista a “Chocolate Rigau” entra en una etapa definitoria la próxima semana, ya que la Justicia debe resolver que hará con los recursos presentados por las partes involucradas.
Este viernes la Justicia concedió el recurso de apelación presentado por la fundación Poder Ciudadano contra la nulidad otorgada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones que dio por cerrada la causa. Así, podrán participar ante el Tribunal de Casación. El organismo deberá decidir si la fiscalía sigue con la investigación o no, ahora por dos vías distintas.
La semana pasada el fiscal general Héctor Vogliolo apeló la nulidad diciendo que se trató de una “arbitrariedad manifiesta” y una “gravedad institucional” por parte de los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo.
El abogado de la querella, Tomás Brandy, consignó a TN: “Fuimos en una línea parecida a la presentada por el fiscal general, pero no incluimos la gravedad institucional. Entendemos que se interpretó mal el precedente de la Corte Interamericana invocado para liberar a Rigau y que no investigar este caso sería violatorio de los compromisos internacionales contra la corrupción”.
En cuanto al caso, la definición de la querella fue que se trata de “un mecanismo orquestado desde los más altos niveles de conducción política del organismo y que tiene por finalidad defraudar al erario público. “Al encontrarse involucrados funcionarios públicos de diversa jerarquía, junto con políticos en actividad en acciones tendientes a perjudicar al Estado, no cabe dudas que se trata de la comisión de delitos que quedan atrapados en un esquema de corrupción sistémica”, indicaron.
Con tales argumentos, solicitaron que se revoque la sentencia de la Cámara de Apelaciones, “ya sea cesándola y dictando una nueva, u ordenando su anulación y el reenvío para el dictado de una nueva conforme”. Asimismo, pidieron la reserva federal del caso.
Otras medidas para que avance la causa
La fiscal Belina Lacki llamó a declarar a los dueños de las tarjetas de débito (supuestos empleados de la Legislatura) y también que se perite el celular de Rigau explícitamente para indagar en la agenda de contactos, mensajes y llamadas.
Por su lado, la defensa de Rigau intentó frenar el análisis del teléfono mediante un escrito. En la misma línea del habeas corpus que la defensa llevó directamente a la Cámara, plantearon ante el juez de Garantías que tanto el secuestro como la pesquisa del celular de Rigau fue una medida “ilegal”.
Al respecto indicaron que “insólitamente, se le secuestró el teléfono celular” al acusado y que abrirlo sería arbitrario, e iría contra su “libertad de intimidad”.
Lacki tendrá hasta el martes que viene para contestar la vista de esta nulidad, mientras que el juez Guillermo Atencio deberá decidir dentro de los próximos cinco días hábiles si hace lugar a la maniobra judicial de dilatación por parte de los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón.
Por el otro lado, Casación también tiene que darle vista a la fiscal de ese Tribunal y después resolver los dos recursos. Generalmente en esta instancia la respuesta suele demorar, pero considerando el nivel del escándalo podría salir antes de que se empiece con las medidas de prueba.