Radicales advierten que OSER está “fuera de control”: más de 5.500 embargos por $15 mil millones en 2025

El abogado Rubén Pagliotto sostuvo que la Obra Social de Entre Ríos acumuló 5.520 embargos judiciales entre febrero y diciembre de 2025, por un total superior a los $15.224 millones. Aseguró que los fondos provienen de los aportes de trabajadores y jubilados y cuestionó el funcionamiento del organismo creado en junio pasado.

Radicales advierten que OSER está “fuera de control”: más de 5.500 embargos por $15 mil millones en 2025
Oser.

El abogado Rubén Pagliotto, referente de un sector del radicalismo, advirtió que la Obra Social de Entre Ríos (OSER) atraviesa una situación “fuera de control” a partir de los datos oficiales de la Justicia que dan cuenta de 5.520 embargos por un total de $15.224.338.973,76, ejecutados entre febrero y diciembre de 2025.

Según detalló, esos embargos representan un promedio diario de 24 amparos judiciales por $83.650.214, descontados directamente de las cuentas bancarias de la obra social. “Ese dinero salió de los aportes de trabajadores y jubilados estatales, muchos de ellos con ingresos por debajo de la canasta básica familiar, y del aporte patronal del Estado que se financia con impuestos”, expresó.

Pagliotto recordó que OSER fue creada en junio de 2025 “con la promesa de terminar con la judicialización, los amparos, los embargos y las deudas”. Sin embargo, afirmó que “esas promesas están incumplidas”. Señaló además que la obra social ya no se encuentra intervenida y que “sus interventores pasaron a ser directores, por lo que la responsabilidad es plenamente política y de gestión”.

Explicó que los 5.520 embargos “son la consecuencia directa de amparos judiciales incumplidos” y aclaró que la información judicial “sólo refleja los casos que llegaron a embargos”, ya que existen otros amparos que fueron cumplidos en tiempo y forma y no figuran en esos registros.

En ese marco, recordó que durante el debate legislativo que dio origen a OSER, el diputado Marcelo López había planteado que la ley podría “revisarse más adelante si la obra social no funcionaba”. “Miles de afiliados siguen litigando y el dinero de la salud se sigue yendo por amparos y no por mejorar las prestaciones de los más de 300.000 afiliados, pero hasta hoy no se cumplió esa promesa”, indicó.

El abogado precisó que el 11 de diciembre de 2025 se enviaron cartas formales al gobernador, a la vicegobernadora, a senadores, diputados y a los presidentes de las comisiones de Salud de ambas cámaras, con una pregunta central: “¿Cuánto termina pagando de más el Estado entrerriano cuando OSER incumple sus obligaciones y fuerza a sus afiliados a litigar para obtener prestaciones esenciales?”.

“Hoy esa pregunta tiene una respuesta concreta: más de $15.224 millones en embargos durante 2025, equivalentes al 15% del total de los aportes de los afiliados. Desde la creación de OSER, todos los entrerrianos cargamos con su déficit, ya sea como afiliados, como contribuyentes o como ciudadanos”, sostuvo.

Pagliotto también señaló que se desechó la posibilidad de transformar al IOSPER en una obra social bajo el marco de las leyes nacionales 23.660 y 23.661, opción que había sido planteada por UCR Activa. A su entender, el diseño institucional elegido “hoy demuestra ser incapaz de garantizar eficiencia, previsión y acceso oportuno a la salud”.

Además, cuestionó la actuación de los órganos de control y afirmó que “la inacción de los síndicos resulta alarmante”. En ese sentido, planteó que una auditoría integral podría revelar que los aportes de los trabajadores y del Estado “no se transfieren en tiempo y forma a OSER”, sino que permanecen transitoriamente en la Tesorería provincial, recibiendo fondos “a demanda, sólo para cubrir embargos o urgencias”.

Por último, se refirió a un rumor que calificó como “inquietante”: que SIDECRER, la UFI o algún organismo internacional podrían financiar el déficit de OSER. “De confirmarse, el costo del desorden se trasladaría una vez más a los mismos de siempre: los entrerrianos”, advirtió.

Pagliotto recordó que, durante el debate legislativo por la creación de OSER, un afiliado falleció por no recibir a tiempo un marcapasos y que se presentó una denuncia penal contra los interventores del IOSPER por presuntas irregularidades administrativas.

El comunicado concluye con una pregunta dirigida a las autoridades: “¿Hasta cuándo van a mirar para otro lado? La salud no admite promesas futuras ni silencio político. Los números hablan por sí solos”.