A partir de una denuncia presentada por el intendente Horacio Quiroga, un empleado municipal que eliminaba multas y modificaba expedientes para emitir el comprobante de libre deuda en los Tribunales de Faltas, fue condenado por la Justicia por el delito de defraudación doblemente agravado por ser cometido por funcionario público y en perjuicio de la administración pública.
Se trata del ex agente municipal Matías Basílico, quien fue condenado esta mañana a dos años de prisión en suspenso, la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos en todos los estamentos del estado, y además la devolución de la totalidad del dinero mal habido por el cual perjudicó al erario público.
En la causa estuvieron involucrados tres empleados de la comuna. Una, Verónica Pino, fue condenada en el mes de setiembre a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitada de por vida a ocupar un puesto de trabajo en la administración pública. Basílico fue el segundo empleado condenado y el tercero, Jorge Riffo, irá a juicio oral. Entre los tres ocasionaron al municipio un perjuicio de $143.232, que es lo que la Justicia pudo comprobar.
"Siguiendo las instrucciones del intendente Quiroga en materia de transparencia de los actos públicos, continuamos este juicio y logramos una primer condena de Verónica Pino, y esta segunda condena que obtuvimos en el día de hoy a Matías Basílico, donde hubo un acuerdo para aplicar dos años de prisión en suspenso. Además es importante que devolverá el dinero y él mismo reconoció adelante del juez Diego Piedrabuena haber cometido ese delito, y además aceptó la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos", resumió el apoderado legal del municipio, Javier Pino.
Agregó que con el tercer caso -Riffo- no se llegó a un acuerdo y la causa se elevó a juicio, "tenemos que esperar que nos dicten la fecha del juicio", explicó Pino.
Contó que en el "marco de la investigación pudimos descubrir las irregularidades en el marco del Tribunal Municipal de Faltas como consecuencia de esta denuncia donde tres personas de su confianza utilizaban las claves personales para cambiar los expedientes y eliminar deudas y modificar estados procesales".
Los hechos investigados ocurrieron entre 2012 y setiembre de 2016. "Acá hubo allanamientos, secuestros, pericias informáticas, toda una serie de pruebas. Ha sido complejo pero la gestión municipal está decidida a llevar adelante las investigaciones que sean necesarias", agregó Pino.
