El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Marcelo Silva, acusaron este viernes a 21 personas por el delito de usurpación de tierras en la zona de Añelo.
La acusación la hicieron por la mañana, durante una audiencia de formulación de cargos que dirigió el juez de garantías Mauricio Zabala, quien avaló la imputación efectuada desde el Ministerio Público Fiscal.
Los imputados, entre los que hay hombres y mujeres, fueron acusados del delito de usurpación por despojo (artículos 181, 55 y 45 del Código Penal), en carácter de coautores.
De acuerdo al relato que hizo el fiscal del caso, fueron cuatro los hechos. Dos ocurrieron el 18 de mayo de este año y los restantes el 31 de mayo, en predios ubicados sobre la ruta provincial 7, entre los kilómetros 75 y 82 en las inmediaciones de la localidad de Añelo.
El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que las personas acusadas, no son "una comunidad mapuche reconocida legalmente". Agregó que "sobre estas tierras, que son de particulares, nunca hubo relevamiento por parte de la provincia, en el sentido de que se trate de tierras con derechos ancestrales o algo por el estilo. Son todas tierras que pertenecen a particulares".
El fiscal jefe Pablo Vignaroli, dijo que los denunciantes "estaban en legitima posesión de los inmuebles" usurpados.
De acuerdo a la acusación, las 21 personas, "junto a otras personas aún no identificadas, bajo la dirección de D. M. R y M. R", realizaron las usurpaciones a partir de la madrugada. Actuaron "de manera concertada y progresiva", dañando cadenas y candados de tranqueras.
Así, "despojaron con ese accionar de la posesión de la tenencia que venían ejerciendo sobre dichos inmuebles los denunciantes", de apellido Ferracioli, Paredes y Galván, entre otros.
"Los imputados continúan hasta el día de la fecha en los distintos predios", especificó el fiscal del caso. Y señaló que desde el Ministerio Público Fiscal "hemos intentado arribar a una solucióneun pacífica del conflicto; sin embargo los acusados han realizado distintas maniobras para consolidarse en el lugar y permanecer ilegítimamente en dichos inmuebles", entre las que mencionó el impedimento de notificaciones por parte de personal policial.
El plazo de la investigación fue fijado en cuatro meses. Y desde la fiscalía no se solicitaron medidas cautelares
