La justicia federal de Necochea impidió, intimando en las últimas horas al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de la Nación, el cierre de la delegación Quequén de PAMI. Al parecer, tras quedar al descubierto que pretendían incumplir una cautelar que bloqueaba el cese de la atención a los pasivos por parte de esa oficina desde febrero último, el juez Bernardo Bibel intimó a la obra social a brindar los servicios requeridos por los afiliados por cuestiones humanitarias, ya sea en su funcionamiento tradicional o mediante convenio con otro ente estatal o privado.
Bibel había dictado una cautelar el 25 de febrero último, en relación con una acción de amparo interpuesta ante su juzgado que denunciaba la inminente aplicación de una resolución administrativa con fecha el 31 de enero de 2019, con el número 225, mediante la cual el INSSJP disponía el cierre de la oficina de PAMI en Quequén. En los últimos días, ante la denuncia de que el cese de la atención al público iba a hacerse efectivo desobedeciendo la medida que dictara oportunamente, resolvió intimar al organismo nacional "a mantener el efectivo funcionamiento de un centro de atención personalizada dentro del ámbito geográfico de la localidad de Quequén, cualquiera sea el inmueble utilizado como sede o contratado para ello". Además, conmina al PAMI a informar cualquier gestión que se esté realizando para cumplir con ese dictamen, como la ubicación del lugar de atención y los funcionarios que van a estar a su cargo.
Finalmente, el resolutorio advierte a las autoridades de la obra social de los jubilados que, de incurrir en desobediencia, darán lugar a la intervención de la justicia penal.
El pedido de los propietarios: "Angustia e impotencia. Son las dos palabras que describen lo que mi familia está sintiendo. No somos millonarios. No tenemos mil propiedades. Somos una familia de laburantes. Somos los legítimos dueños del inmueble ubicado en una esquina de la ciudad de Quequén, lugar donde funcionan las oficinas del INSSJP, o PAMI.
En febrero de este año, llega a nuestro domicilio una carta documento consignada por las autoridades del PAMI, UGL Mar del Plata, donde hacen expresa su voluntad de rescindir el contrato de alquiler a fin de ese mes, faltando poco más de tres meses para la culminación de la relación contractual original. Llegado fin de mes, sorpresa, no se van. Cualquier razón alegada como motivo para permanecer en el lugar, sin importar su origen, queda por fuera de nuestra relación contractual. El contrato culminó: desalojen el lugar, celebremos un nuevo contrato (si ambas partes así lo acordamos) o devenguen y paguen los alquileres correspondientes. Ni una cosa ni la otra. Muchas llamadas y conversaciones con el Departamento Jurídico de PAMI, donde las respuestas eran las mismas: "solo somos empleados, no podemos decirles nada" y "todo se maneja desde la Central en Buenos Aires, no sé nada". Una situación de total desamparo y falta de respeto hacia la propiedad privada, y muchas angustias y penas por parte de mi familia. No podemos creer cómo un ente de carácter público puede estar usurpando un inmueble. Inaudito.
Hace más de cinco meses que siguen estando en el lugar sin contrato y sin pagar ni un solo peso. En otras palabras, usurpando. Con el comienzo de la feria judicial, y a sabiendas por nuestro abogado que una demanda por desalojo tiene tiempos muy diferentes a los nuestros (los cuales se extienden aún más, al tratarse de una entidad dependiente del Estado Nacional), en un intento casi desesperado por recuperar cuanto antes el inmueble, decidimos colocar candados en la puerta de acceso. De esta forma, lograríamos recuperar la esperanza por volver a poseer nuestra propiedad, sin ejercer ningún derecho de retención: estábamos dispuestos a entregarles todas las cosas, sin sacar ni una sola lapicera. Solo queríamos, y queremos, que se vayan y nos devuelvan lo que es nuestro.
Con los candados puestos, a la espera de llamadas y pedidos por parte de la Entidad y con motivo de activar el asunto para que no duerma en un cajón de quién sabe qué escritorio en la seccional del INSSJP de Mar del Plata, los empleados de la delegación PAMI QUEQUEN, aquellos mismos empleados cuyas respuestas siempre fueron "nosotros solo somos empleados, no tenemos nada que ver" y nunca quisieron restituir las llaves del lugar, no tuvieron mejor accionar que romper los candados y acceder a un inmueble al cual no les pertenece bajo ningún tipo de dominio, cometiendo delito contra la propiedad privada. Ante semejante situación, nos acercamos al lugar, y con las emociones a flor de piel, y llamaron a la policía pidiendo custodia, ante un accionar que para nada fue violento, más que un par de gritos de incidencia lógica ante tal violación de nuestros derechos. Porque, señores, somos seres humanos. Me pregunto: ¿por qué mis padres, dos personas que han trabajado toda su vida, y que ven ese espacio como una futura y pronta renta para su jubilación, tienen que sentirse vulnerados de esta manera?
Nos cansamos de mandar cartas documentos y no queremos dar inicio a un eterno, costoso y agobiante juicio de desalojo con una Institución de esa envergadura. Solo queremos que se vayan de nuestra propiedad. De más está decir que el inmueble se cae a pedazos, lo han destrozado y nunca le hicieron un solo mantenimiento.
No molestamos ni le debemos nada a nadie, solo pedimos que se vayan."