Más de 2.200 millones de personas en el Mundo viven sin acceso a agua potable, de ahí la preocupación de la ONU ante esta crisis, y con la celebración del Día Mundial del Agua cada 22 de marzo, la necesidad de buscar medidas para abordarla. Esta problemática no escapa a Mendoza, ni a nuestro país. De ahí que Vía Mendoza se suma a la concientización del cuidado del agua, por qué se la defiende y qué responsabilidades tienen las instituciones de Gobierno, industrias y, principalmente, nosotros como consumidores.
Para abordar este importante tema, por lo esencial que es para nuestras vidas y las futuras, dialogamos con Marcelo Giraud, profesor de Geografía en la UNCuyo y Ambientalista que integra las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP).
Con él se plantea por qué como ciudadanos debemos preocuparnos por esta emergencia hídrica pero que muchos prefieren ignorar la obligación de cuidarla hoy para evitar consecuencias fatales en el mañana.
Es aquí donde cae también la responsabilidad y efectividad de quienes se encargan de controlar el buen del uso del agua, asegurar la distribución en cada región y evitar derroches, filtrados cloacales, etc. Y sobre todo, que se protejan las leyes que evitan cualquier tipo de contaminación por parte de las industrias que atentan contra las cuencas, glaciares y ríos de Mendoza.
En este día clave, AMPAP y otras agrupaciones relacionadas al medio ambiente y a la protección de nuestro oasis, se convocarán a una movilización este miércoles, desde las 10, frente a la Legislatura para seguir defendiendo el agua pura ante las amenazas de la megaminería, fracking y el uso de sustancias tóxicas, como también de todo intento de mercantilización de la misma.
La realidad del agua en Mendoza
Para entender por qué todos debemos vincularnos en el cuidado del agua, vale explicar diferentes puntos en detalle. Para comenzar, por qué Mendoza es una zona de emergencia hídrica y cuánto tenemos que ver los ciudadanos en esto.
Ríos secos y glaciares reducidos: las causas
Como dijo ‘Nolo’ Tejón, ‘Mendoza es Hija del Agua’. El agua es un elemento esencial para la vida, tanto humana como de todos los seres vivos. Existió una relación íntima en estos suelos mendocinos de clima árido y semiárido de siglos, hasta conformarse el oasis mendocino que conocemos hoy.
Pero la escasez de agua preocupa mucho en la actualidad, porque Mendoza crece en población, hay más demanda de agua para consumo humano directo mientras que las nevadas en alta montaña y el consiguiente caudal de los ríos tiende a disminuir.
Según sostiene Giraud, “en la cordillera cuyana, el período de sequía 2010-2022 ha sido el más severo de los últimos 600 años, de acuerdo con estudios mediante dendrocronología”. Y el panorama se agrava por la “fuerte retracción que están sufriendo los glaciares, cuyo aporte a los caudales en años de nevadas escasas es esencial para amortiguar el impacto de los períodos secos”.
La responsabilidad de los mendocinos
De ahí que ante este escenario, como ciudadanos “debemos cuidar mucho más el agua en toda la cuenca, desde la alta montaña hasta las áreas más bajas sin olvidar las napas subterráneas. Tanto en cantidad, consumiendo lo estrictamente necesario, como en calidad, evitando riesgos de contaminación. Pero no sólo a escala individual u hogareña, que por supuesto es un piso ético esencial, sino organizándonos para exigir al Estado que cumpla su papel al servicio de toda la sociedad y particularmente los más vulnerables, y para impedir que los diversos actores privados, por poderosos que sean, afecten la cantidad, calidad y acceso al Bien Común más preciado para los mendocinos”, confió el catedrático de la UNCuyo.
Qué problemas de infraestructura existen en Mendoza y qué soluciones proponen
- En muchos barrios se padece de graves y crónicos problemas de acceso al agua. “Es prioritario invertir (en una magnitud acorde) más en las redes de distribución de agua para riego, de agua potable y en redes cloacales”.
- “Se podría tecnificar mucho mejor el riego intrafinca, por supuesto, pero miles de pequeños agricultores no están en condiciones de hacerlo por cuenta propia”.
- “Se debe mejorar la red pública de riego para evitar que a lo largo de la misma se infiltre buena parte del caudal. Más allá del derroche en muchísimos hogares, un 30% del agua potabilizada se pierde en la red de distribución antes de llegar a los domicilios. Por lo que hay un problema estructural que corresponde al Estado, AYSAM y las demás reparar; al igual que ante las pérdidas en la red cloacal, con la consiguiente contaminación de suelos y napas”.
- “Por todo ello, venimos reclamando a la dirigencia política un mejor sentido de lo urgente y prioritario en la asignación del presupuesto estatal. Las inversiones requeridas son enormes, de no menos de 250 millones de dólares para el sistema de riego y 800 millones de dólares para el de agua potable y cloacas, que la inmensa mayoría de los mendocinos de ningún modo podrían afrontar por vía de tarifazos. Por eso también, cuando se dispone de un fondo extraordinario como la deuda que viene pagando el Estado nacional, reclamamos que se destine a esas prioridades de todo el pueblo mendocino y no a mega represas ambiental y económicamente inviables como Portezuelo del Viento”, sostuvo Giraud.
Los sectores que sufren más la falta del agua
En este oasis que se trata de mantener como tal, sin duda que la agricultura es la más perjudicada por la sequía, “sobre todo aquellos productores que no cuentan con pozos de agua subterránea con los cuales reforzar las escasas dotaciones de turnos de riego muy espaciados”.
Y por supuesto, a nivel social, “son aquellos barrios del oeste del área metropolitana de Mendoza, que vienen padeciendo, especialmente en verano, períodos sin suministro de agua de red, que a veces se extienden por días y semanas.”, aseguró el ambientalista.
Las industrias que más contaminan los cauces por efluentes
Ante esta consulta, Giraud sostuvo que son varias las industrias que utilizan distintas sustancias pero no todas son contaminantes de alto impacto como las mineras.
“Tanto las bodegas como otros establecimientos industriales de Mendoza pueden contaminar el agua, el aire o el suelo. Un caso de contaminación, además de bodegas, es el del colector Pescara que pese a los proyectos y obras de sucesivas administraciones, tanto del Ejecutivo provincial como del Departamento General de Irrigación, aún no logran remediar. En toda la provincia falta capacidad -y a menudo voluntad- de control estatal para aplicación las normativas ambientales, en tanto que los inspectores son insuficientes.
La falacia: la industria del vino contamina más que una minera
“Funcionarios y empresarios mineros afirman que las bodegas estén utilizando ferrocianuro potásico. Eso totalmente falso, porque cuando hace varias décadas en ocasiones se hacía, era en muy pequeñas cantidades y luego eran totalmente eliminadas, sin ningún residuo en el vino.
Según explica Giraud se puede comparar, por ejemplo, con las 379.428 toneladas de cianuro de sodio (equivalente a 4 camionadas diarias durante 21 años) que pretendía utilizar en total el proyecto minero Pascua Lama, pero que la Corte Suprema de Chile canceló definitivamente, por graves y reiterados impactos ambientales durante la construcción de la mina.
En cuanto al ácido sulfúrico, la industria mendocina lo emplea en cantidad ínfima que equivale a unas mil veces menor a las 140.000 toneladas por año que en 2012 Minera San Jorge proyectaba emplear para lixiviar óxidos de cobre en San Juan, según su proyecto “biprovincial”.
Debe subrayarse el altísimo riesgo adicional que implicaría para la sociedad mendocina el uso de esas sustancias tóxicas en lugares remotos de la cordillera mendocina, en lo alto de las cuencas hídricas de las que dependen los oasis situados aguas abajo.
Qué comprende la Ley 7722
Ante todo, “aclaro que la Ley 7722 concierne solo a la minería metalífera y no la prohíbe sino que establece una serie de condiciones principalmente no utilizar cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, ni otras sustancias tóxicas similares, y que DIA (Declaración de Impacto Ambiental) requiera ratificación legislativa”, afirmó Giraud.
Gracias a esta ley, y multitudinarias movilizaciones populares durante 2011, el cerro San Jorge sigue existiendo al igual que el valle de Uspallata. Por eso, el mencionado valle y el oasis norte de Mendoza no hemos sufrido los impactos y altos riesgos que implicaba el proyecto megaminero San Jorge. Y también gracias a eso la Legislatura rechazó en 2014 las DIA de Hierro Indio y Cerro Amarillo, cuyos expedientes el Ejecutivo había aprobado de modo muy escandaloso e ilegal”.
Y agregó: “Si el poder político-empresario insistiera en flexibilizar o prácticamente derogar la 7722, Mendoza quedaría muchísimo más expuesta a la explotación megaminera y a sus enormes y variados impactos sobre todos los aspectos y dinámica del ambiente y la sociedad, de modo más crítico sobre el agua, tanto en cantidad como en su calidad”.
-¿La minería metalífera representa una solución a los problemas laborales?
No, su impacto sobre el presupuesto provincial, las regalías de un proyecto minero como San Jorge aumentarían los ingresos del Estado mendocino en apenas 0,3%, pero a costa de graves impactos y riesgos, inadmisibles para la sociedad.
Antecedentes de impacto ambiental por la minería
En todos los continentes se produjo diversos y graves impactos ambientales. En las últimas décadas hubo cientos de accidentes y consiguientes derrames de grandes volúmenes de sustancias tóxicas, por colapsos de diques de colas, roturas de mineroductos y de pilas de lixiviación, en el transporte de cianuro o de ácido sulfúrico.
Y son varios ejemplos en el mundo para mencionar: los de Baia Mare (Rumania, 2000), Los Frailes (España, 1998), Mount Polley (Canadá, 2014, derramó 24 millones de m3), Cananea (México, 2014), Samarco (Brasil, 2015, 62 millones de m3, el mayor de la historia minera mundial, 19 muertos, más de 600 km del río Doce contaminado) y Brumadinho (Brasil, 2019, 270 muertos). Tanto las aguas superficiales como las subterráneas fueron contaminadas por drenajes ácidos de mina o derrames en una altísima proporción afectando la calidad del aire, la flora, la fauna, los suelos y el paisaje.
Los reiterados derrames de la mina Veladero en San Juan son seguramente el caso más conocido en Argentina, pero no los únicos. Por ejemplo, la justicia federal probó la contaminación del río Salí por Minera Alumbrera.
Además de que la evidencia científica mostró fusión acelerada en glaciares cercanos y las minas tienen descomunales requerimientos de energía, tanto eléctrica como de combustibles. Por ejemplo, de haberse concretado el proyecto Potasio Río Colorado original, habría consumido 1 millón de m3 de gas por día.
Otro caso es la realidad de la minería en Chile, la cual está lejos del imaginario de controles y cuidado del ambiente que nos pintan a mendocinos y argentinos. El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina identifica 49 conflictos ambientales en los que comunidades y ambiente se ven afectados por proyectos mineros, 11 de ellos en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Sin ir más lejos, durante la última década varias veces las operaciones de División Andina de CODELCO derramaron concentrado de cobre a la cuenca del río Aconcagua, contaminación que obligó a interrumpir la captación de agua para riego y consumo humano en el área de San Felipe.
Cerro Amarillo: oposición aunque sea distinta la extracción
- ¿Qué difiere de otros procedimientos de extracción?
La explotación de cobre que se propone es no separarlo del mineral que lo contiene mediante lixiviación con ácido sulfúrico (habitualmente utilizado para óxidos de cobre) ni cianuro (lo usual para extraer oro y plata), sino concentrado por flotación con uso de xantato y poliacrilamida. Pero esta es la técnica de procesamiento “estándar” para sulfuros de cobre, que empleó Minera Alumbrera mientras explotó la mina en Catamarca, y que Minera San Jorge sigue pretendiendo utilizar en el valle de Uspallata. Por lo demás, la fase de exploración que aprobó el gobierno es similar a las prácticas habituales de las mineras.
- ¿Qué argumentos se tuvo para aprobarla?
El gobierno aduce que la exploración aprobada supuestamente no afectaría glaciares, que se utilizaría poca agua, que los impactos sobre el ambiente serían mínimos, que la DIA de 2014 no necesitaría actualización bianual hasta 2022 porque al no haber sido aprobada por la Legislatura no había entrado en vigencia, que el Ejecutivo se ajustó al Decreto 820/2006 para tramitar la evaluación ambiental, y que la exploración sería el paso inicial para una explotación que traería enormes beneficios económicos y empleo para la provincia.
-Contra esta explotación ¿qué se reclama?
Aunque la exploración utilice poca agua, no cabe minimizar los riesgos de contaminación de suelos y aguas debido a la operación con diversas sustancias contaminantes. El proyecto aprobado por la DIA de 2014 es diferente a lo que en 2022 los dueños presentaron al gobierno: cambiaron el número y localización de los pozos de exploración, así como la traza de caminos a construir, por lo cual sí era requisito una actualización de DIA.
Esto sigue sin garantizar la protección de los glaciares cercanos. Pero más allá de esos glaciares, toda el área está a gran altura y corresponde al ambiente periglacial, también protegido por la ley nacional 26.639. Y aunque no perforaran los 6 pozos exploratorios directamente sobre esos 4 glaciares, los rodean completamente y a escasa distancia.
El informe declara que el pórfido de cobre se encuentra bajo los mismos, por lo que una eventual explotación los afectaría inevitablemente: no tiene sentido autorizar la exploración de un área que luego no se podría explotar sin violar la Ley de Glaciares.
Nos oponemos también porque tanto la exploración como una eventual explotación afectarían a la Laguna Grande del Cajón, de 70 hectáreas, sitio prístino a sólo 200 metros de los pozos y de altísimo valor hídrico, ecosistémico y paisajístico, y muy vulnerable.
También se verían afectadas las vegas de altura cercanas, que el expediente ni siquiera menciona, pero son esenciales para la actividad ganadera trashumante de numerosos puesteros de la zona.
El Ejecutivo tramitó el expediente según el Decreto 820/2006, pero obvió todas las normativas provinciales, nacionales e internacional que imponen el requisito de amplia información y participación ciudadana, entre ellas el Acuerdo de Escazú (ley 27.566), norma superior al decreto mencionado. Asimismo, tampoco se informó ni dio participación al COIRCO, a pesar de que ya desde la fase de exploración podrían producirse impactos sobre la cuenca de los ríos Grande y Colorado.
En cuanto al impacto económico y generación de empleo, en fase de exploración es ínfimo, no llegaría a 15 trabajadores. Una eventual explotación sí requeriría algunos cientos de trabajadores, pero su impacto sobre la tasa de desempleo y el presupuesto provincial no sería relevante.
¿Cómo debería ser y hacer la industria minera y gobierno para que sea productivo y no destructivo?
Salir de un extractivismo depredador e ir hacia uno más “sensato” sería el ideal, como etapa intermedia hacia la extracción de lo indispensable. Haciendo cumplir efectivamente las normativas ambientales y de seguridad (en su defecto clausurar), cumplir plenamente el Acuerdo de Escazú sobre información, participación y protección ciudadana, así como el Convenio 169 de la OIT y demás normas de derechos de pueblos indígenas, y una fuerte reforma tributaria.
Y el especialista concluye: “El paso a la extracción indispensable implicaría reducir fuertemente el destino exportador del grueso de los metales latinoamericanos, fuertes regulaciones, y el cambio cultural de abandonar el consumismo hoy vigente, disminuyendo el metabolismo social, con mucho menor uso de materia, energía y generación de desechos. Por supuesto, todo esto requeriría coordinar transiciones y reconversiones hacia una mayor autonomía productiva a escala latinoamericana. Y en aquellos territorios como Mendoza, donde no hay actualmente explotación megaminería, donde además la problemática hídrica es en extremo relevante, y el grueso de la sociedad no acepta la actividad, lo ambiental, social y económicamente razonable es no dar cabida a la megaminería”.
