La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se sancionó el pasado miércoles y un grupo de legisladores creen que es el momento justo para el tratamiento definitivo de un proyecto el cual se encuentra estancado en la comisión de salud del Senado hace más de dos años. Se trata de la norma que busca derogar la prohibición de la venta de misoprostol en farmacias.
La normativa permitiría que una mujer o persona gestante pueda acceder a la IVE en forma ambulatoria, adquiriendo el fármaco bajo receta archivada, firmada por un médico y expedida por un profesional farmacéutico, sin la necesidad de ser internada en un hospital.
Esta iniciativa lleva la firma de la diputada Ana María Andía y obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en 2018. Sin embargo, la norma sigue paralizada en la Comisión de Salud hasta la fecha.
Lucas Quesada (UCR), el presidente del programa de salud reproductiva, sostuvo que el miércoles mantendrán una reunión con el Ministerio de Salud para ver cómo se va a aplicar la IVE en Mendoza y a partir de allí ver si se avanzará o no en el tratamiento de la iniciativa que deroga la Ley 8116, sancionada en 2009, durante el gobierno de Celso Jaque.
