Los abogados que defienden a las víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza denunciaron este miércoles a los enviados del papa Francisco para investigar abusos a menores por ocultar pruebas y no colaborar con la justicia, señalaron en un comunicado.
De acuerdo al escrito que presentaron hoy en la justicia, los abogados aseguran que los dos enviados del Papa, los curas Dante Simón y Juan Martínez, no aportaron ninguna prueba a pesar de haber hecho su propia investigación sobre lo que ocurría en el Instituto que alojaba a chicos sordomudos, ubicado en Luján de Cuyo.
Los curas llegaron a mediados del año pasado para investigar las acusaciones de presuntos abusos por parte de los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho.
"Se ha incurrido en una desobediencia al requerimiento y se le ha mentido al Ministerio Público Fiscal con intenciones de encubrir. Es obligación de la Santa Sede informar sobre estos episodios y asegurar el intercambio de información", señalaron en el escrito los abogados Sergio Salinas, Juan Dantiacq, Lucas Lecour y Carlos Lombardi.
Los enviados del Vaticano llegaron a Mendoza desde Córdoba y comenzaron una investigación paralela. Según dijeron entonces, su misión era "la misma que hace la justicia, pero desde el derecho canónico".
Desde la ONG Xumek dijeron este mediodía a Télam que los dos fiscales que llevan adelante la causa, Gustavo Stroppiana y el subrogante Flavio D' Amore, "le dieron oficios para que aporte datos antes que vuelvan a la provincia de Córdoba, cosa que nunca hicieron, por tal motivo, entendemos que hay desobediencia a la autoridad, pero queremos probar el encubrimiento".
La causa por abusos a chicos sordos e hipoacúsicos en el Próvolo tiene 15 imputados, y a tres de ellos se les concedió la prisión domiciliaria: el cura italiano Nicolás Corradi (82 años); la monja japonesa Kosaka Kumiko (42), y la ex representante legal Graciela Pascual.
Por la misma acusación continúan en prisión el cura Horacio Corbacho (56), el monaguillo Jorge Bordón (50), el jardinero Armando Gómez (46) y José Luis Ojeda (41), empleado del Próvolo.
A los cuatro alojados en cárceles y a los tres que cumplen prisión domiciliaria se suman otros ocho ex empleados en el listado de imputados, entre ellos la también monja Asunción Martínez y cuatro ex directoras del Próvolo.
