Generalizada alarma provocó en las filas de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy haber tomado conocimiento de que la Justicia provincial evalúa un pedido para que le sea otorgado “arresto domiciliario” a un individuo que en 2019 fue condenado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años, un caso que tuvo repercusión nacional.
Referentes del colectivo aseguraron que la situación genera “preocupación” en el ámbito familiar de la menor, dado que el violador es un vecino que además fue señalado como “violento” por la Multisectorial.
El condenado es José Luciano Dávalos, de 62 años, quien de acuerdo a la requisitoria fiscal, llegó a juicio acusado por lo ocurrido en el periodo entre el 6 de julio y el 4 de agosto de 2018, en San Pedro de Jujuy, cuando abusó de una menor de 12 años de edad y como consecuencia de la agresión sexual, se produjo el embarazo de la víctima y posterior nacimiento de una niña, que finalmente falleció.
El violador, en ese momento de 60 años, vivía cerca de la casa de la víctima.
El malestar del que se hizo eco la Multisectorial de Mujeres se generó a partir de la reciente visita de una asistente social del Servicio Penitenciario de la Provincia al domicilio de la niña, con el fin de realizar un informe social, describió la abogada Mariana Vargas, patrocinante de la familia en el juicio contra el violador condenado y referente de la mencionada organización.
El 20 de noviembre de 2019 el Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a Dávalos a cumplir la pena de 13 años de prisión por ser hallado penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal”.
El Tribunal enjuiciador estuvo integrado por el juez Mario Ramón Puig, quien presidió el trámite; y las juezas Ana Carolina Pérez Rojas y María Margarita Nallar, desempeñándose como fiscal el doctor José Alfredo Blanco y como querellante adhesiva la doctora Vargas.
“Si bien no significa que le vayan a dar el arresto domiciliario, el tema es que tendrían que habérselo negado desde el principio y, en vez de ello, están produciendo pruebas a los efectos de evaluar”, explicó la abogada.
Apuntó que se enteraron del trámite cuando se produjo la “sorpresiva visita de la asistente social en el primer día de la feria judicial, no cuidándose a la menor, protegida por la ley de derechos y garantías de las víctimas de delitos” y generando “muchísima angustia” en la familia, aseguró Vargas.
Por otro lado, la abogada consideró “gravísimo” el hecho de que “se estén produciendo estos informes a solo dos años de la detención” y precisó que el juez de Ejecución de Pena Carlos Cattan es quien ordenó las medidas y resolverá el pedido.
“Violentar a las mujeres sigue siendo la regla en Jujuy”, expresaron en un comunicado las integrantes de la Multisectorial de Mujeres al rechazar que se le pueda llegar a otorgar el arresto domiciliario a Dávalos.
Indicaron que “la sola posibilidad de que el violador, que tanto daño generó, vuelva a estar en la casa de enfrente de la pequeña trae los peores recuerdos, y los peores augurios también”, al mismo tiempo que denunciaron que la víctima “ya padece regularmente los hostigamientos del sobrino de Dávalos que vive en ese domicilio”.
“El arresto domiciliario de Dávalos sería la muestra de impunidad que legitima más violencias, y será también, como proclaman desde el movimiento de mujeres, el primer paso al escarnio de quienes decidan seguir torturando a la pequeña y a su familia”, advirtieron, para plantear finalmente que “el Estado adeuda su protección y disculpas después de tanto sufrimiento causado”.
