Distante -aún más en los afectos que en el tiempo- parece haber quedado aquel 31 de diciembre de 2016 cuando Alberto Fernández, entonces referente del Frente Renovador, visitó a la activista Milagro Sala en su sitio de detención, el penal del barrio Alto Comedero, un sector densamente poblado al sur de San Salvador de Jujuy y paradójicamente muy cercano al denominado “cantri” de la organización Tupac Amaru, un vasto conglomerado de viviendas populares levantadas por esa organización con fondos nacionales, manejo que a la postre sería una de las cuestiones por las que la dirigente fuera encarcelada.
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Es que tras confirmarse esta semana la condena a tres años y medio de cárcel por un escrache realizado contra el entonces senador nacional Gerardo Morales y el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Leandro Despouy, Sala reveló su enojo “con el Gobierno nacional” por cuanto “creíamos que con el gobierno de Alberto (Fernández) la cosa iba a cambiar en el país. Cambió para todo el mundo, pero menos para nosotros. Para los jujeños no cambió nada”, disparó.
Entrevistada por diferentes emisoras radiales de Buenos Aires, la exlegisladora mencionó que “desde hace varios meses venimos diciendo que a medida que se acerquen las elecciones iban a comenzar a avanzar nuevamente contra las dieciséis causas que me armó Gerardo Morales”.
En ese contexto se inscribe también su afirmación de que “el Tribunal que me condenó está lleno de amigos de Gerardo Morales”, en referencia a la composición del Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy que integran el juez Mario Héctor Juárez Almaráz como presidente y las magistradas María Alejandra Cataldi y Liliana Snopek como vocales.
ENOJADA Y SIN RESPUESTAS
“Estoy enojada con el Gobierno nacional”, resumió la líder piquetera en sus declaraciones a una radio de la Capital Federal.
“Ya no sé a quién quejarme -agregó-. Yo no quiero que me liberen por liberarme o porque son amigos míos. Yo quiero que revisen las causas y que vean qué es lo que está pasando con nosotros”.
Cabe recordar que en la causa por aquel escrache de 2009, siete años más tarde Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso. Luego el expediente pasó a la Cámara de Casación, que confirmó esa pena por el delito de daños, pero consideró que la prescripción de la acusación por amenazas estaba mal dictada y ordenó al TOF resolver una nueva sentencia.
En su momento, la defensa de Sala denunció ante el Consejo de la Magistratura a los jueces del TOF jujeño “por mal desempeño” de sus funciones.
Ahora, en esta nueva instancia los magistrados agravaron con seis meses la resolución condenatoria, por lo que la sentencia pasó a ser de tres años y medio de cárcel.
Mientras se conocía la decisión de los jueces, el jueves último, el presidente Fernández y el gobernador Morales compartían en la vecina provincia de Salta su participación en los actos oficiales conmemorativos del bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes.
“Hoy lo único que (Morales) tiene para mostrar de su gestión es que me tiene presa, y que me sigue condenando”, declaró Sala a las emisoras porteñas, y tras definir a la gestión local como “un gobierno dictatorial”, en vista de los comicios provinciales previstos para domingo 27 de este mes puso de manifiesto sus sospechas de que “habrá fraude”.
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Cuando a principios de este mes el TOF rechazó el pedido de prescripción de la acción penal planteado por la defensa de la dirigente, los abogados de Morales pidieron que sea condenada a una pena de cumplimiento efectivo de siete años de cárcel, monto equivalente a los tres años en suspenso a los que había sido condenada en su momento por el delito de daños agravados, más cuatro años por amenazas, la pena máxima para este delito, según consignaron los letrados.
“Este fallo mata el relato de que Sala es una presa política, ya que es una delincuente condenada, y así lo ratificaron la Justicia Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo en aquel momento el diputado provincial Luciano Rivas, del frente Cambia Jujuy.
