Abogados defensores de los imputados en el juicio denominado "Pibes Villeros", que investiga el presunto desvío de fondos públicos, denunciaron que el Tribunal busca un debate "cerrado y clandestino" luego de que las juezas resolvieran restringir el acceso periodistas para la difusión del debate.
Durante la segunda audiencia del debate oral y público que tuvo lugar este miércoles en Jujuy, el Tribunal en lo Criminal 3 informó la decisión de restringir a 16 el número de asistentes para las audiencias de debate además de prohibir la participación de la prensa, durante la etapa de testimonios y sólo podrán hacerlo en la etapa de alegatos y sentencia.
Ante esta resolución, el abogado de la dirigente social Milagro Sala, Matías Duarte, pidió la impugnación de la resolución del Tribunal de prohibir el ingreso de periodistas, porque interpreta que "afecta severamente los principios de un proceso penal".
“Es decir que solo hay dos opciones para regular la publicidad: o es un juicio a puertas cerradas o es un juicio a puertas abiertas, un juicio donde el principio de publicidad opere perfectamente”, sostuvo Duarte.
En ese marco planteó que existe “avasallamiento” del derecho a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, además de “cercenar el derecho al trabajo, que tiene todo ciudadano o ciudadana”.
En relación a la limitación a 16 personas que impone la resolución de las juezas, comentó: “Con solo contar la cantidad de imputados, se advierte que ni siquiera alcanzaría para los familiares o algún conocido de ellos que quiera saber qué sucede”.
"Toda esta situación afecta el derecho de nuestra defendida a las garantías de debido proceso y no podemos darnos la licencia de impedir que toda la sociedad de Jujuy sepa lo que suceda aquí", finalizó.
El tribunal respondió así el pedido presentado el pasado 18 de julio por Luis Paz, abogado integrante de la defensa de Milagro Sala, para que se garantizara la acreditación e ingreso de periodistas a las veinte audiencias que tomará este juicio.
Por su parte Alberto Nallar, abogado de Lucio Abregú, ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy denunció: "ahora según la justicia penal jujeña los juicios son orales, legales, secretos, clandestinos e ilegítimos", expresó.
“Qué deben esconder, qué no tiene que saber la ciudadanía de Jujuy sobre esta causa” se preguntó el letrado al criticar el argumento del Tribunal que argumentó que es lógico no permitir el acceso a la prensa ni tampoco de elementos técnicos que permitan grabar o transmitir audiencias, puesto que la declaración de un testigo no puede afectar la de los otros.
