Dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación dieron este miércoles su visto bueno a un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para modificar las denominadas "jubilaciones de privilegio" en el Poder Judicial y la diplomacia, iniciativa que es cuestionada por jueces y fiscales.
En ese marco, la diputada jujeña Carolina Moisés sostuvo que "no se puede seguir sosteniendo la inmoralidad de prerrogativas y prebendas que pretenden dividir con una raya entre los ciudadanos de primera y el resto de los argentinos".
Para poner en contexto la discusión, al exponer ante las comisiones paramentarias el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, puntualizó que, mientras la jubilación mínima es de 15.000 pesos y la jubilación máxima llega a 103.000 pesos, la jubilación de un magistrado ronda los 290.000 pesos.
"Es imprescindible que los sectores que más tienen cedan en sus privilegios para moldear una sociedad más integrada y equitativa", planteó de cara a estas cifras la diputada del Frente de Todos.
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Anheló que el producto del debate parlamentario lleve a "alcanzar consensos que pongan un límite a los montos obscenos que hoy perciben al retirarse los jueces y diplomáticos", en función de que "la demanda de la hora es beneficiar a las personas que han caído en la pobreza y la marginación", manifestó la legisladora nacional.
"Quienes más capacidad económica tienen, más deberán acompañar las políticas redistributivas mayoritariamente votadas en octubre", sentenció a la vez la sampedreña.
El proyecto oficialista fue avalado por la mayoría de los integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social de la Cámara Baja, que debatirá la iniciativa en un pleno este jueves.
La reforma propone subir los aportes jubilatorios de los magistrados en actividad, elevar en forma gradual de 60 a 65 años la edad para retirarse -se mantendrá en 60 para las mujeres- y establecer el monto de la jubilación a cobrar en un 82 % del promedio salarial de los últimos diez años y no sobre el último salario, como sucede en la actualidad.
El ministro Moroni dijo que el Gobierno central reconoce que "los jueces cumplen una tarea especial", pero lo que ahora está en discusión -sostuvo- "es cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo", apuntó.
Por su parte, Moisés advirtió que "para salir del abismo, ya no hay espacios para visiones corporativas o de defensa de intereses sectoriales que colisionan con los anhelos de las mayorías populares".
Además, admitió que este debate pone también la mira en "la credibilidad sobre el desempeño de los funcionarios jerarquizados del Poder Judicial" de la Nación por cuanto "la ley que proponemos es una herramienta para que comiencen el proceso de recuperación de la legitimidad social que mayoritariamente han perdido", advirtió.
No obstante, reconoció que en su conjunto "los funcionarios de los tres Poderes del Estado debemos dar el ejemplo resignando ventajas o concesiones circunstanciales", y aunque no cuantificó ese aporte aseveró que "ningún sector puede marginarse o mirar de costado, y menos aún encerrándose en la defensa de injustos privilegios", concluyó Moisés.
