El gobierno de Entre Ríos ha iniciado una nueva demanda contra la Nación por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa hidroeléctrica Salto Grande. Se reclama un retroactivo de 175 millones de dólares, dado que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país.
Entre Ríos va a la Corte Suprema por la deuda de Nación con Salto Grande
La nueva presentación ante el máximo tribunal argentino se realizó este miércoles, en respuesta a una decisión política del titular del Poder Ejecutivo entrerriano. Recordemos que hubo presentaciones previas, que fueron impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio.
Al respecto, Julio Rodríguez Signes, fiscal de estado, dijo que: “El objetivo es recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande, y al mismo tiempo, modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales”.
Cabe destacar que el valor reconocido a Salto Grande por la energía que aporta al país es el más bajo entre todas las generadoras.
Los excedentes generados por la represa Salto Grande son resultado de la diferencia entre el precio que se paga a la hidroeléctrica y los gastos de la Comisión Técnica Mixta (CTM), y estos excedentes se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Según indicó Rodríguez Signes, la energía proveniente de Salto Grande es la más barata del país, incluso más que la generada por Yacyretá. “Ocurre porque desde la Secretaría de Energía de la Nación no se considera el cumplimiento de los acuerdos de 1999. De este modo, el precio no genera excedentes y si no hay excedentes, nos quedamos sin acuerdo”, agregó.
Para revertir esta situación que persiste desde hace casi una década y que resulta inequitable, la provincia exige que se declare inconstitucional las resoluciones emitidas desde 2013 en adelante, que fijaron un precio perjudicial, y se emitan resoluciones que establezcan un precio justo para cumplir con los acuerdos de 1999.
En la nueva presentación judicial que hizo Entre Ríos, incluye el reconocimiento de una deuda por obras no realizadas, cuyo monto asciende a 175 millones de dólares.
