El Gobierno de Entre Ríos informó que comenzó la aplicación de la Ley Provincial Nº 11.232, destinada a ofrecer mayor claridad sobre la composición de los precios que pagan los consumidores. La medida busca que cada entrerriano conozca, con precisión, qué parte de su gasto corresponde a carga tributaria.
A partir de esta normativa, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.227, todos los comercios y prestadores de servicios deben detallar el precio final, el valor neto sin impuestos y la carga tributaria discriminada.
Esto incluye IVA, tributos nacionales indirectos e impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Profesiones Liberales, además de la leyenda “precios sin impuestos” cuando corresponda.
La ley también prohíbe presentar como “gratuitos” aquellos servicios financiados con fondos públicos, obligando a aclarar que son solventados con impuestos de los contribuyentes. Asimismo, invita a los municipios a adherir para permitir la desagregación de tasas locales en los precios.
El gobernador Rogelio Frigerio destacó que la iniciativa apunta a transparentar la relación entre el Estado y los consumidores. Aseguró que durante años los entrerrianos desconocieron la carga impositiva incluida en los precios y que esta herramienta permitirá ordenar y dar previsibilidad.
El mandatario enmarcó la medida en el proceso de modernización y simplificación administrativa que impulsa la provincia, señalando que Entre Ríos ya redujo impuestos en términos reales, ordenó sus cuentas y avanzó en digitalización de procesos. Subrayó que el nuevo régimen no implica cargas adicionales para el sector privado, sino más claridad para la ciudadanía.
Según Frigerio, la transparencia favorece la competencia, mejora el vínculo entre contribuyentes y Estado y contribuye a desarmar un sistema que —dijo— históricamente castigó al que produce.
