El juez instructor de San Pedro, Ariel Belda Palomar, ha emitido una decisión determinante en el caso que involucra a dos agentes de policía acusados de apremios y privación ilegítima de la libertad en Bernardo de Irigoyen. Los acusados permanecerán tras las rejas mientras se desarrolla el proceso judicial, según lo dictaminado por el magistrado.
La determinación del juez se fundamenta en la necesidad de declarar los hechos y determinar el estado procesal de los agentes. Entre las medidas ordenadas se incluyen la elaboración de un informe psicológico de los efectivos, pericias balísticas de sus armas reglamentarias y un análisis de la ropa incautada en el momento en que la víctima, un joven de 23 años, presentó la denuncia.
Fuentes judiciales revelaron que el juez aguarda los resultados de las pericias realizadas en las pistolas de 9 milímetros pertenecientes a los agentes. Además, la denuncia sostiene que los policías habrían efectuado al menos dos disparos intimidatorios al liberar a la víctima.
Anteriormente, los agentes se habían negado a prestar declaración ante el juez de Instrucción de San Pedro, Ariel Belda Palomar, y habían sido imputados provisionalmente por los delitos de apremios y privación ilegítima de la libertad.
El incidente que desencadenó estas acusaciones ocurrió el pasado 7 de agosto en la avenida Juan José Junes de Bernardo de Irigoyen. Según la denuncia presentada tanto en la Seccional local como en la Fiscalía de Instrucción de San Pedro, los dos agentes interceptaron al joven mientras caminaba por la vía pública y lo subieron a un vehículo policial.
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Posteriormente, se alega que los policías trasladaron al joven a las afueras de la ciudad, cerca de un basural, donde presuntamente llevaron a cabo actos de violencia física en su contra. Se sostiene que lo golpearon y rociaron con el TLCAN, además de amenazar con prenderlo fuego. Tras estos supuestos actos de tortura, los efectivos habrían liberados al joven cerca de la Terminal de Ómnibus, advirtiéndole sobre consecuencias graves si decidió presentar una denuncia.
A pesar de las heridas sufridas, la víctima logró llegar a su hogar y posteriormente fue trasladada al hospital local para recibir atención médica. Después de un período de observación, decidió formalizar la denuncia en contra de los dos agentes, lo que dio inicio al proceso judicial que continúa su curso.