La devolución a cero de los derechos de exportación para las economías regionales, le significaría al Gobierno nacional ceder unos US$ 400 millones de recaudación anual sobre el total que pretendía obtener con la generalización del impuesto.
El proyecto original presentando por el Poder Ejecutivo fijaba la ampliación de las retenciones al 15% para todas las exportaciones, con algunas exclusiones, que le significaba ingresos adicionales por 0,42% del PBI, equivalente a unos US$ 2.000 millones.
Las subas previstas son: derivados de la soja del 31 al 33%; trigo y maíz del 12 al 15%; carne vacuna del 9 al 15% y productos industriales de 0 a 15%.
La postura de los gobernadores
Pero la iniciativa es resistida por los gobernadores que desde el primer minuto se mostraron reticentes a apoyar un alza de impuestos.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se presentó hoy en el Congreso Nacional para discutir el tema y reiteró su oposición al aumento de la presión tributaria.
Como prenda de negociación en las últimas horas el Poder Ejecutivo aceptó devolver a cero los derechos de exportación para todas las economías regionales, incluso la vitivinicultura que tenía una alícuota de 8%.
Según estimó el diputado Luis Picat (UCR-Córdoba) a este medio esa cesión sería por una cifra equivalente a los U$S 400 millones.
“El problema está en que en los anexos con los productos que quedan afuera sólo hay enunciados y no sabemos lo que hay adentro”, se quejó Picat, planteando también dudas sobre las cifras finales.
Los productos beneficiados
En el nuevo proyecto que se discute el Gobierno excluye sólo a una veintena de economías regionales sobre un universo de 7.000 y mantiene sin cambios las retenciones industriales y las del complejo oleaginoso o cerealero.
Entre los principales sectores que saldrían beneficiados por esta nueva disposición se encuentra la industria del maní que recuperaría US$ 165 millones y la vitivinicultura, que de acuerdo a la asociación “Bodegas Argentinas” que expuso en el Plenario de Comisiones, evitaría el pago de unos US$ 60 millones. También se verían beneficiadas otras cadenas relevantes como la forestal.
Otro punto que entregó el Gobierno a cambio de apoyo es la facultad de modificar las alícuotas, quedando en su poder sólo la posibilidad de rebajarlas.
En la resistencia al gobierno, los mandatarios provinciales que lideran la queja recibieron una serie de apoyos.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado en el que respaldó la oposición pública de Llaryora y de su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Pero detrás del tema retenciones también se cuela la reversión del impuesto a las ganancias y el financiamiento de las cuentas provinciales.
En el fondo, los gobernadores pretenden que Economía cierre sus números pagando el costo en el AMBA. Así le reclaman al Ejecutivo que acelere la quita de subsidios al transporte y a las tarifas energéticas.
“Me duele que un gobierno en el cual yo tenía expectativas de que iba a centrarse en los gastos superfluos para corregir el déficit fiscal; y que se iba a ocupar de la desigualdad en el reparto de los recursos y subsidios en tarifas, por ejemplo, quiera gravar a la industria que genera trabajo en mi provincia”, dijo hoy abiertamente Pullaro. Y remató: “Si ustedes analizan, esos dos o tres puntos de déficit de la economía nacional están concentrados en el AMBA”.
Llaryora también se pronunció a favor de buscar otras herramientas de financiamiento en lugar de la suba de retenciones.
Al coro de los gobernadores también se le sumó el sector industrial que en 2023 totalizó exportaciones por US$ 27.000 mil millones.
Según estimaciones de la UIA “la presión fiscal por efecto de los nuevos derechos sobre las exportaciones de los bienes industriales y alimentos y bebidas, se incrementarían en promedio más de 11 puntos porcentuales”.
Por consiguiente señaló que este incremento provocaría la erosión total de la competitividad que se ganó con la devaluación.
En Economía aún son prudentes con las evaluaciones y evitan pronunciarse sobre qué medidas compensatorias se tomarían para sustituir los US$ 400 millones que se cederían.
La opción de adelantar los tiempos de las actualizaciones tarifarias está sobre la mesa, pero el impacto inflacionario y sobre el nivel de actividad que tendrá una medida de este estilo es uno de los puntos cruciales a calibrar.
El documento con el que Caputo presentó el esquema para llegar al equilibrio fiscal calculaba que por recortes de subsidios el fisco recuperaría 0,7 puntos del producto, lo que equivale a unos US$ 3.500 millones.
