El director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de la Procuración del Tesoro, Guido Croxatto, se refirió al préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le hizo al Gobierno de Mauricio Macri en 2018. Según él, el organismo “tiene responsabilidad” por haber otorgado ese dinero y, de no investigar qué pasó con este, incurriría en “cierta complicididad de una red de delitos económicos”.
Croxatto considera que es necesario conocer qué pasó con los US$ 54.000 millones que recibió el gobierno de Mauricio Macri en 2018 por parte del FMI. “Si no se investiga el destino de los fondos, el organismo sería partícipe de una red de delitos económicos”, subrayó.
Las declaraciones de Croxatto a Télam Radio tuvieron lugar luego de que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anticipara anoche que a fines de noviembre el FMI comenzará “la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo de 2018″ tomado por el gobierno de Macri, que “no se usó para escuelas, sino para financiar pagos a fondos de inversión”.
En una entrevista para LN+, Massa indicó que “a fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales sobre el acuerdo stand by de 2018″ y reveló que el organismo mandará “una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN (Auditoría General de la Nación), no se usó para financiar hospitales, escuelas ni para resolver la estabilidad económica, sino para financiar el pago a fondos de inversión”.
Al respecto, Croxatto consideró “fundamental” que el Fondo avance en ese sentido porque, en caso contrario, “sería partícipe de esa red financiera de delitos económicos que cometieron los aliados de Macri cuando se toma esa deuda”.
Además aseguró que todo eso “queda expuesto frente a cualquier juez que investigue los delitos financieros cometidos en el marco de la deuda externa que otorga el Fondo”. Y expresó que la deuda contraída con el FMI es “un tema estructural de la economía argentina”.
Asimismo, el funcionario argumentó que la decisión del FMI de comenzar a fines de este mes con el estudio del préstamo se explica porque “si se avanza alguna investigación, por ejemplo en la justicia argentina”, el Fondo “tiene responsabilidad en haber otorgado un préstamo en condiciones irregulares a un gobierno que no lo podía pagar”.
Croxatto sostuvo entonces que se trata de “una deuda de dudosa legalidad” y resaltó que hace más de dos años que viene planteando la necesidad de “investigar a Macri por la toma de la deuda externa con el FMI”.
En esa línea, dijo que él fue “uno de los pocos funcionarios que salió a criticar el acuerdo de (el exministro de Economía Martín) Guzmán diciendo que no era un buen acuerdo, que no había negociado bien, que se podría haber negociado mejor y de manera más fuerte”.
Por otro lado, Croxatto celebró el hecho de “ver que el ministro Massa, nuestro candidato a presidente, toma el liderazgo en este tema que no es menor” y explicó que los fondos investigados “en realidad sirvieron para financiar la fuga de capitales, probablemente de los amigos del expresidente Macri”.
Irregularidades
El 17 de mayo pasado, el Colegio de Auditores de la AGN aprobó por mayoría el estudio realizado sobre el préstamo, en el que detectó numerosas irregularidades y advirtió que por la magnitud y características del acuerdo “impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”.
“El acuerdo suscripto, de casi 57 mil millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país”, dijo en esa oportunidad el auditor general, Francisco Javier Fernández.
“Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”, señaló la AGN en un comunicado de prensa.
Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos, se destacan “relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo”.
