La Defensora de Pobres y Ausentes N.° 2 de Corrientes, Nora Maciel impulsó una acción para que a una niña de escasos recursos que es abanderada (cursa el secundario) y su hermano menor (en cuarto grado) les sea garantizado su derecho a la educación, la cual fue acogida en forma favorable por el juez de Menores en período de justicia administrada, Edgardo Frutos, quien dispuso que el Ministerio de Educación provea dispositivos para acceder a clases virtuales y tenga presente que la familia podría ser beneficiaria de la Prestación Básica Universal (PBU), que por decreto del 2020 garantiza la provisión de los servicios de telefonía celular, la telefonía fija, Internet y la televisión paga como un nuevo derecho.
La representante del Ministerio Público de la Defensa esgrimió en su presentación que ambos niños, domiciliados en el barrio Cacique Canindeyú, no podían sumarse a las clases virtuales, pese que su madre y abuela pedían –sin éxito– en redes sociales poder adquirir un celular.
Además, Maciel cita las constituciones Provincial y Nacional, leyes nacionales y Convenciones Internacionales donde se encuentra reconocido el derecho a la Educación de los niños.
Pedido oficial
En este sentido, la resolución del juez Frutos dirigió oficios a la Dirección de Servicio Prevención y Apoyo (DiSePa) del Ministerio de Educación de la Provincia, donde solicita que informe si cuentan con recursos tecnológicos (notebbook, tablet) para asegurar la continuidad la escolaridad a través de clases virtuales en el actual contexto de pandemia, y en su caso, que viabilice su provisión conforme a programas nacionales o provinciales.
