La aerolínea Flybondi acumula una seguidilla de litigios civiles por grandes sumas de dinero presentados ante diversas sedes judiciales de la provincia de Córdoba. Pasajeros que contrataron servicios de transporte aéreo, tanto para destinos nacionales como internacionales, afirman haber padecido perjuicios significativos debido a retrasos, suspensiones y modificaciones de horarios sin previo aviso.
Estos planteos judiciales se radicaron en los juzgados federales números 1, 2 y 3 de la Capital, así como en San Francisco, Villa María y Bell Ville. Las quejas se centran en aspectos similares: la falta de una respuesta adecuada, la dificultad de establecer comunicación telefónica y resarcimientos o soluciones consideradas insatisfactorias por los afectados.
DEMANDAS MILLONARIAS CONTRA FLYBONDI EN CÓRDOBA
Frente a esta situación recurrente, el Poder Ejecutivo nacional, a fines del año pasado, intimó a la aerolínea a presentar un “plan correctivo” destinado a disminuir drásticamente las cancelaciones de vuelos. Asimismo, se implementó una plataforma en línea que registra estas suspensiones habituales de la empresa.
Entre los múltiples casos documentados en los tribunales, se encuentran experiencias de familias que vieron frustradas sus vacaciones en Bariloche tras cancelaciones, un pasajero que perdió la conexión a un vuelo internacional a Israel por reprogramaciones, y una pareja que debió afrontar gastos extras para regresar a Córdoba tras un concierto en Buenos Aires por la suspensión de su vuelo de regreso.
Otras situaciones reportadas incluyen a un estudiante que, pese a presentar un certificado médico, no pudo abordar un vuelo por no tenerlo impreso, debiendo incurrir en gastos adicionales. También figuran quejas por la demora en la devolución de dinero tras una cancelación que afectó un trámite de visa, o grupos de amigos que perdieron noches de alojamiento y debieron regresar en autobús tras la anulación de su vuelo de vuelta. Las sumas demandadas varían considerablemente entre los litigios, que buscan resarcir los gastos adicionales incurridos y compensar los daños sufridos. En varios de estos procesos, la conciliación no prosperó o la compañía solicitó el rechazo de la presentación judicial.
