El Gobierno de Córdoba, a través de su ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, anunció que la Provincia se constituirá como querellante en la causa judicial nacional que investiga los muertes por fentanilo contaminado.
Esta decisión busca brindar apoyo y esclarecimiento a los afectados, mientras se reafirma que los centros de salud provinciales no adquirieron ninguna de las partidas comprometidas.
Córdoba será querellante en la causa nacional por fentanilo contaminado
La preocupación por la situación creció tras confirmarse decesos a nivel nacional, incluyendo pacientes en Córdoba. Ante esto, la Provincia se puso a disposición del Juzgado 3 de La Plata para colaborar en la investigación.
Las acciones preventivas en la provincia comenzaron el 8 de mayo, cuando Anmat emitió una alerta sobre la alteración en la calidad de una partida de fentanilo del laboratorio HLB Pharma. Este producto se había distribuido en diversos puntos del país. La Dirección de Farmacia instruyó a todas las farmacias, quirófanos, terapias intensivas (incluyendo pediátricas) y guardias de emergencia, tanto públicas como privadas, a segregar dicho stock. La indicación se amplió para incluir cualquier otra medicación endovenosa, sueros y dispositivos fabricados por HLB Pharma, los cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial y judicial.
El 10 de mayo, Anmat reforzó la alerta epidemiológica, reiterando la obligatoriedad para el ministerio, directores de hospitales y clínicas privadas de comunicar cualquier caso sospechoso a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud y el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (Sisa). El ministro Pieckenstainer fue categórico al afirmar que los hospitales públicos de Córdoba no recibieron el lote 31.202 de fentanilo, ni cualquier otro medicamento del laboratorio HLB Pharma, durante el año 2025, lo cual fue corroborado por el juzgado el 11 de agosto. Los demás compuestos del laboratorio presentes en dependencias provinciales fueron separados.
En cuanto a las responsabilidades, Pieckenstainer enfatizó que las instituciones de salud privadas tenían la obligación indelegable de reportar los posibles casos al Juzgado y al Ministerio de Salud de la Nación, mediante el Departamento de Epidemiología. Además, recalcó que la cartera provincial no posee la potestad para revisar historias clínicas de establecimientos privados, siendo esta una atribución exclusiva de cada director de clínica. Todas las clínicas fueron debidamente instruidas sobre los protocolos a seguir.
