La muerte de Valentino Blas Correas (17) por disparos de la policía sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que el fiscal de Distrito 1, Turno 3, José Mana, decidiera imputar al que en ese momento era el subdirector general de Seguridad Capital Sur y comisario mayor, Gonzalo Cumplido.
El hombre será investigado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” ya que se considera que por su función debería haber concurrido al lugar de los hechos una vez que su subordinado inmediato, el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo, le comunicó lo que estaba sucediendo en avenida Vélez Sársfield frente al complejo Pablo Pizzurno, con un auto que había sido baleado por dos cabos primeros, informó La Voz.
Los investigadores judiciales solicitaron a la Jefatura de Policía que informen cuáles son las funciones que debe realizar un funcionario de su rango ante una situación extrema como lo era el crimen de Blas Correas.
Ante estos datos fue que se determinó que Cumplido omitió ir al lugar y con eso no hizo nada de lo que tendría que haber hecho, como impartir directivas y digitar toda la logística operativa del procedimiento.
No es el único
El comisario mayor Gonzalo Cumplido no es el único jefe imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. A él se suman el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga y el comisario inspector Walter Eduardo Soria, aunque estos tres tienen además el cargo de “encubrimiento”.
Además, están imputados, con privación de la libertad, los directamente relacionados con la escena del crimen. Los dos cabos primeros acusados del “homicidio calificado” son Lucas Gómez y Javier Catriel Alarcón. A ellos se les suman como “encubridores” y por “incumplimiento de los deberes de funcionario” el subcomisario Sergio Alejandro González, la agente Wanda Micaela Esquivel (prisión domiciliaria) y la oficial Yamila Florencia Martínez (prisión domiciliaria).
Con menores grados de responsabilidad, están en libertad el comisario inspector José Antonio Gatica (por encubrimiento agravado), el cabo Leonardo Alejandro Martínez, el cabo Leandro Alexis Quevedo, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y el agente Rodrigo Emanuel Toloza (todos estos por falso testimonio). Por lesiones leves está imputado el cabo Ezequiel Henot, por supuestos golpes al conductor del Argo en el momento en el que los policías detuvieron al rodado en Nueva Córdoba.
Además están los tres civiles imputados de “abandono de persona”. Ellos son los empleados del Sanatorio Aconcagua Fernando Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzaccapo. Todos están libres, con el reproche de no haber atendido al joven cuando sus amigos llegaron hasta allí y solicitaron auxilio.
