Este miércoles en la Legislatura de Córdoba se aprobó la adhesión a la Ley Yolanda que prevé la capacitación obligatoria a todos los agentes públicos de los tres poderes del Estado en temas ambientales.
Las formaciones deberán contener conocimientos referidos al bosque nativo, el cambio climático, el desarrollo sostenible y el Derecho ambiental.
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También contempla información sobre economía circular y el reciclaje, la eficiencia energética, la gestión de residuos sólidos urbanos, el impacto ambiental de las políticas públicas y la preservación de áreas protegidas y recursos hídricos.
Según detallaron desde la Unicameral, se dio el visto positivo tras sucesivas reuniones de la Comisión de Ambiente, en donde se escucharon a diferentes representantes de organizaciones civiles vinculadas a la temática.
Además, antes de la aprobación, expusieron funcionarios de los poderes Judicial, Ejecutivo, parlamentarios nacionales y expertos del ámbito académico universitario provincial, entre otros.
“El objetivo de esta ley es incorporar la perspectiva ambiental para dar un salto de calidad en cuanto a las políticas públicas. Que desde las más altas autoridades para abajo, todas las personas que se desempeñan en el ámbito público incorporen, en sus decisiones, una visión ambiental integral”, sostuvo el legislador Franco Miranda, uno de los impulsores del proyecto.
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Se establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, o al organismo que la sustituya en sus competencias, teniendo a su cargo diseñar el contenido de las capacitaciones.