El Gobierno de la Provincia de Córdoba solicitó este miércoles al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ratifique lo dispuesto en el decreto 569/2018 del Poder Ejecutivo provincial del 20 de abril, en relación a la distribución de fondos coparticipables. A través de esa resolución, la Provincia rechazó el reclamo formulado por los intendentes de las ciudades de Córdoba y Oliva, Ramón Mestre y Oscar Tamis, respectivamente.
La Provincia procura despejar, así, el riesgo de cualquier acción extrajudicial o judicial futura, sobre una cuestión que para el Poder Ejecutivo se presenta ajustada a derecho.
Fiscalía de Estado sostiene que el propio texto del acuerdo intrafederal firmado, expresamente dispone que dichos fondos no son coparticipables para Municipios y Comunas, sino recursos afectados a programas sociales de administración provincial exclusiva, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75 inc. 2° de la Constitución Nacional.
Vale recordar que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) el pasado 19 de abril, ya había dictaminado de manera unánime una Resolución General Interpretativa (RGI) que especifica con claridad que los recursos no son coparticipables con los municipios y comunas.
La presentación de este jueves que realizó la Provincia, se efectuó a través del fiscal de Estado, Jorge Córdoba, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Pablo Reyna.
