Las querellas coincidieron este lunes en solicitar condenas de tres y cinco años de prisión para tres ex funcionarios federales de Córdoba, durante los alegatos del juicio contra cuatro imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de la provincia de Córdoba en 1976, proceso que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2).
Los querellantes Patricia Chalup, Jorge Chalup y Adriana Gentile, en representación de los familiares de las víctimas Hugo Vaca Narvaja, Miguel Angel Ceballos y Marta Juana González de Baronetto, abrieron la instancia de los alegatos y dejaron por sentado que en el debate quedaron "probados" los hechos como constan en el auto de elevación a juicio.
En ese sentido, solicitaron cinco años de prisión para el ex secretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez; tres años de prisión para el ex juez Federal, Miguel Ángel Puga y para el ex fiscal Federal, Antonio Cornejo.
En el caso del ex defensor oficial federal Ricardo Haro, los querellantes no hicieron referencia ya que los delitos por el cual se lo acusa corresponden a otras víctimas, por lo tanto se referirá al respecto la Fiscalía en sus alegatos próximamente.
La instancia de alegatos de la causa "Cornejo, Antonio Sebastián y otros", más conocida como la "Causa de los magistrados", continuará el 2 de octubre con la Fiscalía; el 10 y 11 las defensas; el 23 las réplicas y el 6 de noviembre la sentencia.
Los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino abrieron el proceso de enjuiciamiento el 25 de julio último por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrir torturas, secuestros, homicidios y otros delitos de los que fueron víctimas prisioneros políticos que pasaron por la Dirección de Informaciones Policiales (D-2), de la Policía provincial y, luego, por la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba.
De acuerdo a los elementos probatorios que constan en el auto de elevación a juicio, los funcionarios judiciales están sindicados de no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.
Las víctimas de esos delitos, más de 70 consideradas en este expediente, estaban detenidas a disposición judicial y militar en causas abiertas por violación a la denominada "ley antisubversiva" (20840) de la dictadura.
Al ser indagados por esas causas, en la que se formalizaba la persecución política, las víctimas pusieron en conocimiento de jueces, fiscales y defensores violaciones de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D-2 y continuado en la UP1, pero los funcionarios de la Justicia Federal nunca promovieron la investigación de esos delitos.
En el requerimiento fiscal también había sido imputado el ex defensor Luis Eduardo Molina, quien fue apartado del proceso por razones de salud y, por lo tanto, no afrontó el debate oral y público.
