La iniciativa es de la diputada del Frente para la Victoria, Estela Hernández. El Fondo tendrá una partida asignada que no deberá ser inferior al 1 por ciento del Presupuesto total de la provincia. Estará destinado a la compra de alimentos para la atención prioritaria "de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia".
El programa y la administración del Fondo será supervisado por un Consejo Consultivo integrado por 6 representantes: uno del Ministerio de Familia, uno del de Salud, uno por el de Educación, dos por el Poder Legislativo y un lugar asignado para el Defensor del Pueblo.
Tanto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deberán realizar seguimientos de control alimentario en las escuelas, así como el control de aspectos vinculados al peso, edad, talla de los chicos con el fin de identificar aquellos casos vulnerables para notificar al Consejo Consultivo y dar respuesta inmediata.
Otro aspecto importante será cómo se repartirán los recursos del Fondo para los municipios. Un 40% se distribuirá en función del porcentaje de población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el otro 60% quedará supeditado a la evaluación del Consejo para enviar de forma directa a los casos vulnerables que hayan sido detectados.
Para darle un buen funcionamiento al Fondo de Emergencia Alimentaria, se creará de forma paralela un Registro con aquellas instituciones, organizaciones y particulares que cuenten con comedores o merenderos que queden bajo la órbita del presente fondo especial.
