El Fiscal de Instrucción de Cosquín, Martín Bertone, archivó una denuncia penal presentada por vecinos del Valle Punilla, quienes adujeron ser miembros de la "Asamblea Ciudadana Punilla", en contra de los Intendentes de las Municipalidad de Cosquín, Bialet Masse, y Santa María de Punilla por supuesto "abuso de autoridad" y "omisión de los deberes funcionales", consignó el Ministerio Público Fiscal.
Los supuestos delitos se habrían cometido mediante la confección de notas en las que autorizaban el Uso del Suelo de los territorios municipales para la realización de la obra vial de Alternativa a la Ruta n° 38 denominada “Autovía de Montaña o Pedemontana”.
Según los denunciantes, por un lado, le hubiese correspondido a los Concejos Deliberantes de cada uno de las Municipalidades, y por el otro, no habrían obedecido los mandatos de las leyes nacionales y provinciales referentes al Uso del Suelo y del Cuidado del Medio Ambiente.
Luego de analizar los hechos esgrimidos y toda la normativa que enmarcaba al suceso, se determinó que lo planteado por los vecinos no configuraba delito alguno, es decir no reunía los requisitos necesarios para que el acto sea delictivo o sujeto a sanción penal, en base a los siguientes puntos:
A) mediante las notas confeccionadas, los Intendentes no autorizaban la obra, ni mucho menos ordenaban su realización, sino sólo solicitaban que los territorios municipales formaran parte del Estudio de Impacto Ambiental que llevaba a cabo el correspondiente ente estatal de la Provincia (Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Córdoba), quien luego de elaborado dicho estudio técnico resolvería la viabilidad o no de la obra.
B) El tenor de las notas no contrariaba las Constituciones ni las leyes. Estas dos consideraciones descartan de plano la configuración de delito, tal como lo estipula el Código Penal.
Sin perjuicio de ello, el fiscal no descartó que el reclamo de los presentantes puede tener vía por otro fuero distinto al penal, siendo la contenciosa administrativa la que correspondería, es decir existiría otro camino legal para intentar solucionar el "conflicto" planteado por estos vecinos del Valle de Punilla.
