Los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires podrán realizar videollamadas con el celular que les suministra la fuerza para transmitir en vivo imágenes y audio cuando intervengan en emergencias civiles o siniestros viales, para "mejorar la eficacia de la respuesta policial" y "reforzar las pruebas" que se incorporarán al expediente judicial, se informó oficialmente.
El vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, explicó que "con esta nueva herramienta, los oficiales van a poder transmitir en video a la central de la Policía desde sus celulares y, así, coordinar mejor los operativos, y todo lo que registre va a servir como prueba para la Justicia".
Según la fuerza de la ciudad, el nuevo servicio de videollamada podrá ser utilizado en casos de choques con heridos, incendios, derrumbes, explosiones y cuando exista una persona en demanda de auxilio.
De acuerdo con un comunicado de la Policía, el sistema mejorará "la eficiencia y eficacia de la respuesta policial", y servirá también para "reforzar las pruebas que surjan que, junto con la carta del llamado 911, deben ser aportadas al Ministerio Público Fiscal y/o magistrados judiciales en caso de ser requeridas".
La nueva herramienta será coordinada por el Jefe de Servicios de la División Despacho de Móviles Policiales, quien debe requerir al personal de la fuerza en la vía pública que acepte la solicitud de la videollamada y, desde ese momento, el video y audio de su teléfono será visualizado en tiempo real en las dependencias del Departamento de Emergencias Policiales.
El secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, destacó que se trata de "poner a la tecnología al servicio de la seguridad, ya que desde el teléfono se generarán las filmaciones que irán como pruebas a un expediente electrónico para que las fiscalías y juzgados puedan resolver en forma inmediata".
De acuerdo con los voceros, la videollamada que transmite el oficial, deberá tener una duración máxima de tres minutos y quedará resguardada en los servidores del Ministerio de Justicia y Seguridad durante un año, salvo en los casos en los que sea requerido por la Justicia un plazo mayor.
