El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan fue convertido en ley por unanimidad durante una sesión especial celebrada el miércoles en la Cámara de Senadores de la Nación. Sin embargo Lorena Arias, una de las abogadas que representa en la Justicia a un grupo mayoritario de familias de los tripulantes fallecidos, aseguró a Clarín que se trata de una “limosna” y una “humillación”.
La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, “tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar”, que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.
El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100.
De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar. Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio “importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.
Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento “es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias”. Y los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.
“No es una compensación adicional. Sería el primer pago que reciben”, aclaró al diario Clarín Lorena Arias, una de las representantes legales de 31 de las familias de las víctimas. Y agregó que la cifra es muy inferior a la que cobraría la familia de cualquier trabajador en relación de dependencia de parte de su ART.
La letrada recordó que el Estado no tenía contratada una ART que cubriera a los marinos, algo que está denunciado ante la Justicia en una causa que se está investigando. “Un trabajador de una PyME cobraría más”, aseguró, y calificó a la reparación como una “limosna” y una “humillación”.
