Finalmente será en la Justicia Federal porteña donde continúe el proceso abierto por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Maurico Macri. Así lo resolvió este viernes la Cámara Federal de Casación, pasando la competencia del expediente que se venía tramitando en los tribunales federales de Lomas de Zamora a los de Comodoro Py.
En la causa están siendo investigados el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (y amigo personal de Macri), Gustavo Arribas y quien fuera la segunda funcionaria en importancia del organismo de inteligencia, Silvia Majdalani.
También está siendo investigado Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri. La resolución de la Sala IV obedeció, precisamente a un reclamo elevado por la defensa de Nieto, que consideraba que la competencia de la causa debía sustanciarse en los tribunales porteños, por tener la AFI su domicilio en esta jurisdicción.
La causa ahora pasaría a manos del fiscal Carlos Stornelli y de la jueza María Capichetti, aunque fuentes judiciales indicaban que también podría recaer en el juez Luis Rodríguez.
El expediente, en realidad, tramita dos episodios. Uno, el presunto espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner, tanto en su departamento porteño de la Recoleta como en el Instituto Patria, cuya sede está ubicada a pocas cuadras del Congreso de la Nación. La otra investigación alude a actividades de inteligencia de dirigentes sociales y sindicales y también dirigentes kirchneristas y de Cambiemos, entre estos, el actual vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma (en disidencia) resolvieron el conflicto de competencia entre los Tribunales de Lomas de Zamora y los de la Ciudad de Buenos Aires por la causa de espionaje ilegal.
“Lo aquí resuelto no implica, de ningún modo, retrotraer la investigación a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación, desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidad lo actuado en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora (a cargo del juez Auge)”, sostuvieron los camaristas Borinsky y Carballo.
“Un desplazamiento a esta altura de la investigación podría neutralizar los avances”, sostuvo, en disidencia, la camarista Ledesma.
De acuerdo al tribunal de Casación la AFI y las supuestas víctimas tienen su domicilio en CABA, por lo que las causas deben continuar tramitandose de modo conjunto. Su división, se argumentó, perjudicará la investigación además de afectar el derecho de defensa en juicio: los abogados deberían defenderse ante dos jueces distintos por el mismo hecho.
Tras conocerse el fallo, la abogada Graciana Peñafort que con Alejandro Rúa representa a Roberto Baratta, querellante en la causa, advirtió que con el traslado del expediente a Comodoro Py “se garantiza la no investigación de las tareas de inteligencia ilegal, siempre fue así y no parece haber cambiado”.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
