El fiscal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la causa de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, en abril de 2020, fue inhibido de seguir interviniendo en el caso por decisión de la jueza federal María Gabriela Marrón y a pedido del propio fiscal, que alegó una “situación de violencia moral” en su contra.
“Pérdida de confianza infundada e injusta en su labor y en la del personal a su cargo por parte de las querellas”, argumentó Martínez al para solicitar ser apartado del caso. Según él, esa desconfianza “ha sido una constante a lo largo del proceso, cubriendo con un manto de sospecha, muchas de las medidas que tomó”, informó Clarín.
Alegó también las denuncias en su contra en la Procuración General de la Nación y organismos internacionales, junto a “manifestaciones injuriantes dentro y fuera del proceso donde se lo calificó profesional y personalmente”. Y las “discrepancias para consensuar criterios de actuación” con Andrés Heim y Horacio Azzolín, los dos fiscales que la Procuración sumó al caso a fines de julio.
Las discrepancias entre Martínez y la mamá de Facundo, Cristina Castro, habían comenzado en julio, cuando ella fue a verlo y le dijeron: “Se fue en helicóptero a supervisar un operativo de búsqueda”. Eso la indignó. Luego se sumaron quejas sobre los tiempos que tomaba el fiscal para tomar decisiones, y las sospechas de filtraciones del expediente.
A Cristina le molestaba -indica el corresponsal de Clarín en Bahía Blanca- que Martínez se alejara de la hipótesis de la intervención policial, y orientara la búsqueda del joven hacia dicha ciudad bonaerense.
El 14 de julio, Martínez le tomó declaración a una testigo, en soledad, y eso terminó de quebrar la relación con la mamá de la víctima. La mujer que declaró dijo haber levantado a Facundo con su auto, en el último lugar donde había sido visto por la policía, y contó que lo había llevado hasta un puesto de control en la ruta. Desde allí, según la reconstrucción del fiscal, el joven habría seguido una vía, y luego terminado en el estuario de Bahía Blanca, donde fue hallado muerto y descuartizado el 15 de agosto.
Después de las muchas dudas sobre la veracidad de esta declaración, la familia y los abogados de Castro, y la Comisión Provincial por la Memoria, recusaron a Ulpiano Martínez en dos oportunidades, pero no tuvieron éxito. La jueza Marrón lo respaldó en ambas oportunidades. Luego, ella también fue recusada por las querellas y los fiscales Heim y Azzolín, pero la recusación fue rechazada.
Ahora, solo Heim y Azzolín quedarán a cargo de la investigación, en la que se esperan los resultados de los peritajes a la treintena de elementos de interés retirados del destacamento policial de Teniente Origone. También el análisis de los teléfonos secuestrados el mes pasado a los cuatro policías que vieron a Facundo el 30 de abril. Una fuente de la causa destacó el alto nivel de deterioro de esos aparatos.
