El Senado finalmente cumplió este viernes la voluntad política del kirchnerismo más duro: le dio media sanción al proyecto de modificación de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que sea más fácil designar a su conductor, el procurador general de la Nación, porque eliminan los dos tercios requeridos por la actual ley e instaura la mayoría absoluta de esa cámara. Justamente, el Frente de Todos (FDT) tiene de sobra la cantidad de votos para tal nombramiento.

Sin embargo, la ley ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados, y ahí sí que el oficialismo no tiene el número para convalidarla: según pudo averiguar Vía País, al rechazo firme de Juntos por el Cambio (JPC) se le sumaría también el del peronismo no kirchnerista y otros bloques provinciales, a los que el FDT suele echar mano para aprobar las leyes, porque en esa cámara no tiene mayoría propia como en la que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

De manera tal que, al igual que con la ley de reordenamiento de los tribunales federales, que obtuvo la media sanción del Senado, también la reforma del MPF podría quedar trabada en la cámara que preside Sergio Massa.

En el medio, el MPF está conducido desde el 31 de diciembre de 2017 —cuando se consumó la renuncia de Alejandra Gils Carbó— por Eduardo Casal, procurador interino al que el kirchnerismo detesta y quiere echar del cargo a como dé lugar.

Y está en el limbo la postulación de Daniel Rafecas: el presidente Alberto Fernández lo propuso para el cargo en diciembre del año pasado, sin que en el Senado hubiera avances, porque JPC y el interbloque Parlamentario Federal, que preside el salteño Juan Carlos Romero, se pusieron firmes en su posición de no apoyar tal postulación.

Hace unas semanas, Elisa Carrió, fundadora de Cambiemos y exdiputada, salió a apoyar la postulación de Rafecas, pero la líder de la Coalición Cívica no solamente no tiene senadores sino que tampoco tiene predicamento en la oposición del Senado.

De modo que la suerte de la conducción del MPF está en un laberinto del que por ahora no hay salida; únicamente el avance de este viernes, a instancias del kirchnerismo y su mayoría invencible del Senado pero sin los dos tercios.

Qué pasó en la sesión

Los senadores cambiemistas fustigaron el proyecto de ley, que es un engendro diseñado solamente el FDT y que toma letra de iniciativas ya presentadas por el radical Martín Lousteau, la neuquina Lucila Crexell (del interbloque de Romero) y el rionegrino Alberto Weretilneck, que no integra la bancada oficialista pero es aliado.

Los oficialistas, por supuesto, lo defendieron con uñas y dientes y aprovecharon para criticar al gobierno de Mauricio Macri.

La votación terminó 42 afirmativos a 27 negativos.

El punto saliente del proyecto es que flexibiliza la mayoría para designar al jefe de los fiscales federales, potestad exclusiva del Senado, llevándola a la mitad más uno de la cámara, es decir 37 sobre 72 senadores, en lugar de 48, que son los dos tercios (aunque en realidad se trata de los dos tercios de los presentes; que de cualquier manera el oficialismo no los tendría por el rechazo de cuajo de la oposición a Rafecas).

Los otros aspectos importantes del proyecto son la duración del mandato, que deja de ser vitalicio para pasar a ser de cinco años, con la posibilidad de una única prórroga por otros cinco años más, y que no podrá ser postulado ni designado en los años en que se elija presidente de la Nación.

Además, al momento de su nombramiento, el procurador no podrá superar los 75 años de edad y se establece un extraño mecanismo de remoción que le pone fin al juicio político por mal desempeño y permite la posibilidad de que el procurador pueda quedar suspendido en el cargo a pedido de un diputado, votado por la mayoría absoluta de esa cámara.

El cordobés Ernesto Martínez (Frente Cívico-PRO) dijo que el oficialismo “presenta un esquema faccioso” de organización del MPF y que “abandonó sus propias leyes de 2015”. Recordó que Nicolás Becerra “fue acordado” por el Senado “sin ningún inconveniente”; que “Esteban Righi pasó por sus propios pergaminos”; que “Alejandra Gils Carbó” fue elegida “por unanimidad, luego de un candidato que no pasó” el filtro, en alusión a Daniel Reposo; y que “no hubo acuerdo para la candidata propuesta por el presidente Macri”, Inés Weinberg de Roca, y que ahora tampoco “hay acuerdo para Daniel Rafecas”. “Entonces, como la oposición no se disgrega ni se vende, les hace falta un procurador afín, con el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado”, dijo.

Martínez vaticinó que “acciones de amparo y violación al debido proceso legal” y que “todo terminará empantanado en la Corte Suprema de Justicia”.

A su turno, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) señaló que “es vox populi que a Rafecas lo estaría poniendo Alberto, que a Cristina no le gusta y que va a poner otro”. El salteño Romero, después, dijo que el kirchnerismo pretende “convertir en una suya oficina más a la Procuración, logrando objetivos de impunidad”.

“Para el oficialismo la Justicia buena es la que le da la razón y la Justicia que no le da la razón es la que busca el lawfare. Ganaron las elecciones, tienen el número y hacen lo que quieren”, dijo el senador opositor.

Por el oficialismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti argumentó que el objetivo de la iniciativa es “normalizar una situación que actualmente atraviesa el MPF, donde el que preside este órgano [Casal] ha sido designado de manera interina desde 2017”. “Algo que es excepcional se ha vuelto permanente”, dijo la camporista.

Señaló también que el proyecto constituye “una herramienta para agilizar el sistema de justicia”. “Y digo esto porque entiendo que debemos tener un procurador tanto del MPF como de la Defensa que no sean vitalicios, que se aggiornen a los tiempos que está viviendo la humanidad”, aseveró.

Antes, otro camporista, el rionegrino Martín Doñate, se había despachado duramente en contra de Casal y manifestó: “No vamos a aceptar un gobierno de fiscales y jueces. ¿De qué principio constitucional se amarran quienes dicen que nadie puede controlar a los fiscales en nuestro país? ¿Por qué no podemos controlar a los fiscales?”.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.