El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley para la creación de comités mixtos en el trabajo, anunciado tras la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con las centrales obreras, y ya surgieron las primeras críticas por parte del sector empresario.
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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “profunda preocupación” por la iniciativa, que propone la creación de comités con participación paritaria de empleados y empleadores en establecimientos públicos y privados donde se desempeñen 100 o más trabajadores.
Los comités, que serán obligatorios, funcionarán como un ámbito para detectar y prevenir riesgos de seguridad e higiene en el trabajo, así como situaciones de violencia y acoso laboral. En ese sentido, se crean mecanismos para ordenar la paralización de la actividad en situaciones excepcionales donde pueda generarse un riesgo “inminente y grave”.
La CAC consideró que los comités son una herramienta “valiosa” pero advirtió que la iniciativa del Gobierno “resulta perjudicial, ya que implicaría costos económicos significativos para empresas que ya se encuentran en una situación muy delicada”.
“En circunstancias como las actuales, en las que las firmas hacen sus mayores esfuerzos por superar una severa crisis producto de la pandemia y de las restricciones asociadas –que las bienvenidas medidas oficiales de asistencia que oportunamente se dispusieron no pudieron compensar en su totalidad– y de un estancamiento económico de más de una década, el proyecto resulta particularmente desafortunado”, señaló la entidad en un comunicado.
Entre los aspectos cuestionados, menciona que “los integrantes del comité por la parte trabajadora sean determinados por el sindicato y exclusivamente entre los delegados gremiales”; que “en caso de no acuerdo, las decisiones –que debieran fundarse en argumentos técnicos–se diriman por sorteo”; y que “se permita acceso a los delegados a información que podría resultar sensible para la empresa”.
A la vez, la CAC indicó que el piso de 100 trabajadores “es significativamente menor a lo que establece el artículo 25 de la Ley 25.877 sancionada en 2004, que prevé que la obligación de presentar un ‘balance social’ que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo se aplique a empresas que ocupen a más de 300 trabajadores”.
Asimismo, la CAC consideró que “la injerencia estatal en estas cuestiones colisiona con la autonomía colectiva y la libertad de negociar de las partes, lo que resulta contrario a los principios defendidos por la Entidad y a la generación de un clima de negocios que incentive la inversión”.
Para la institución, la sanción de esta ley “implicaría aumento de costos y mayores rigideces que conspiran contra la productividad y el crecimiento de las firmas y, en definitiva, contra el logro de un crecimiento económico sostenido y la generación de puestos de trabajo de calidad que nuestro país tanto necesita”.
El proyecto fue anunciado tras una reunión encabezada por Fernández en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, de la que participaron los secretarios generales de la CGT, la CTA, la UOM, UPCN, SADOP, ATE, SUTEBA y UOCRA, entre otras centrales sindicales.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
