A través de un decreto presidencial publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se constituya en querellante en la causa contra el exmandatario Mauricio Macri por presunta “defraudación y administración fraudulenta” a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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El decreto 239/2021 llevas las firmas del presidente Alberto Fernández junto a las del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y a las de los ministros de Justicia, Martín Soria; y de Economía, Martín Guzmán.
“Instrúyase a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa N° 3561/2019 ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública’”, indica el texto.
Asimismo, solicita a la Procuración a que “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional”.
En tanto, el decreto convoca a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Carlos Montero, para que “determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada” por el FMI.
La causa contra Macri
La denuncia fue presentada el pasado 12 de marzo por la Oficina Anticorrupción (OA) y se llevó a cabo por un informe del Banco Central y la Auditoria de la SIGEN titulado “Análisis de los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018”.
Al exmandatario se lo acusa de defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos. En la causa, también están involucrados el exministro de Economía, Nicolás Dujovne, y los expresidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris.
La causa fue caratulada como “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
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De acuerdo al informe de la SIGEN, en la celebración del Acuerdo Stand-By entre la Argentina y el FMI “no se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización” del documento. Y agregaron que los funcionarios actuantes “suscribieron la Carta de Intención y los memorándums de fecha 12 de junio de 2018 sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente”.
Por su parte, el informe del Banco Central -titulado “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019”- apunta a coincidencias que “no resultan casual sino causal”: los 44,5 mil millones de dólares obtenidos por el empréstito con el FMI son cercanos a los 45,1 mil millones de dólares fugados por capitales especulativos y a los 46,1 mil millones de dólares de Lebacs emitidos a junio de 2018.
