La Justicia investiga si el gobierno de Mauricio Macri, a través de su cadena de mando, el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur, ocultaron o demoraron datos claves para hallar los restos del submarino siniestrado el 15 de noviembre de 2017.
La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, a instancia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, le solicitó al canciller Felipe Sola, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, las comunicaciones e intercambio de mensajes e información entre la triangulación de “inteligencias” y las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, realizadas durante la búsqueda de los 44 submarinistas desaparecidos.
La justicia también quiere saber por qué el gobierno no aceptó la colaboración de la Royal Navy, en diciembre de 2017, para buscar, con elementos de alta tecnología, como lo son los minisubmarinos remotos, los posibles restos del submarino argentino en la zona donde finalmente se lo encontró. La nave fue hallada un año después, el 18 de noviembre de 2018, por la empresa Ocean Infinity a la cual se le pagó unos 7.000.000 dólares.
Del expediente, surge por ejemplo que la Armada de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano, un sistema CENTRIX, que es “un sistema de mensajería y videoconferencia encriptado”, según consta en la causa.
La Argentina tiene una sola terminal en el Edificio Libertad, sede de la Armada. Los militares norteamericanos trajeron otra y era utilizada por ellos, los oficiales británicos y argentinos. Parte de esas comunicaciones son las que requirió la Justicia a través de un requerimiento a Cancillería.
En la causa hay elementos suficientes para determinar que ya se conocía, al menos de forma aproximada, la ubicación de ARA San Juan 20 días después de su desaparición. Eso declaró en su defensa ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia, el contraalmirante Enrique López Mazzeo y aportó las coordenadas brindadas por el buque chileno Cabo de Hornos.
La supuesta posición de los restos del buque se habría logrado obtener por la triangulación de las mediciones de los hidrófonos operados en el Atlántico Norte y en el Índico por el organismo supranacional que supervisa las pruebas nucleares a partir de la supuesta “implosión” del navío.
Fueron ellos quienes le brindaron a la Armada Argentina la precisión de tiempo, distancia e intensidad de lo que definieron como un “evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear consistente con una explosión” ocurrida a las 10.55 del 15 de noviembre pasado, muy cerca del talud donde acaba la plataforma continental argentina.
La información confirmó que el ARA San Juan había sufrido un evento cataclísmico en plena navegación hacia Mar del Plata, a unas 30 millas náuticas al nor-noreste de su último punto de contacto radiofónico y a más de 400 kilómetros de la costa patagónica, frente al golfo San Jorge, ya cerca del talud que marca el fin de la plataforma continental argentina.
La solicitud de Yañez a Cancillería sobre las comunicaciones cifradas entre los tres países es un hecho excepcional y no tiene antecedentes cercanos.
