El Gobierno de Alberto Fernández emitirá, como mínimo, unos 200.000 millones de pesos más hasta fin de año y buscará también otros casi 320.000 millones vía diez colocaciones de deuda pública en pesos para financiar el gasto que ya tenía previsto, por lo que cualquier maniobra electoralista que dispare las necesidades financieras repercutirá en un empeoramiento de las variables macroeconómicas, con serio riesgo de impactar en el frente cambiario.
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En términos reales, poco es lo que puede hacer la gestión de Fernández en los 61 días que faltan para las elecciones legislativas del 14 de noviembre con la idea de recuperar un respaldo mayoritario. Es corto el plazo y es reducido el margen de maniobra financiero. Más allá de que el rechazo electoral del domingo no fuera sólo por la crisis económica, generar expectativas o mejorar la confianza demanda mucho más que un puñado de medidas que se puedan anunciar.
Este lunes, en el primer día posterior a la derrota a manos de Juntos por el Cambio y de coaliciones provinciales en dieciocho distritos, en el Gobierno primó el hermetismo. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que se están analizando medidas para que “la recuperación se acelere y llegue a más sectores”. “Estamos escuchando el mensaje electoral y eso significa redoblar los esfuerzos, acelerar la concreción de las iniciativas que se están implementado, que generemos algunas correcciones sobre las que ya estamos trabajando y seguiremos analizando toda la semana en esa dirección”, afirmó el ministro.
Fuentes oficiales consultadas por Vía País aclararon luego que no habrá medidas “alocadas” que puedan jaquear la estrategia fiscal, monetaria y cambiaria. Por eso, más que de expandir el gasto hablan de la posibilidad de reasignar recursos. Entienden que hay sectores económicos muy golpeados a los que, quizás, no se les prestó la atención suficiente: el turismo, la gastronomía y el trabajo informal.
No es una estrategia desconocida. En lo que va del año, Santiago Cafiero firmó reasignaciones por 1,1 billón de pesos. Esto responde, en parte, a que la recaudación está creciendo en términos reales muy por encima de lo que estaba presupuestado. Por otro lado, la mayoría de los fondos de los ministerios están jugados por anuncios realizados antes de la PASO.
El Presupuesto 2021 indicaba una previsión de cubrir el déficit en un 60% con ayuda del Banco Central (1,05 billón de pesos) y en un 40% (700.000 millones) con nueva deuda pública colocada en el mercado local. Para este año, el rojo primario previsto es del 4,5% del Producto Interno Bruto. Antes de las PASO, en Economía se ilusionaban con un agujero más chico para dar una señal concreta a los mercados en pos de generar confianza para la inversión. El cachetazo electoral podría modificarlo.
La maquinita no para
Hasta el 8 de septiembre (últimos datos disponibles) se habían emitido ya 850.000 millones de pesos. Quedan 200.000 dentro de estas previsiones que fueron autorizadas por el Congreso. El Gobierno, no obstante, tiene la facultad para emitir más allá de ese límite, pero la contracara es la inflación. Y en la clase media es uno de los sectores donde más votos, cree el oficialismo, debe recuperar.
La suba de precios mensual va en desaceleración, pero el freno es muy débil para lo que son las necesidades crecientes de los consumidores. En la tarde de este martes se conocerá el Índice de precios al consumidor (IPC) de agosto, que había perforado el piso del 3%. Al Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) le dio en ese sentido, pero con un indicador del 2,9%. Hubo una baja mucho menor a la esperada.
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Y el miércoles es el Día D: el Gobierno deberá mostrar las previsiones para 2022, aunque parezca que todavía falta un siglo. Es porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, debe enviar el proyecto de Presupuesto al Congreso, que será observado con lupa tanto por electorado (para analizar qué economía está imaginando Fernández) y por el mercado financiero, donde miran los niveles de inflación, déficit, emisión monetaria y tipo de cambio nominal.
Luego, hasta terminar el mes, el Indec dará a conocer otros indicadores sensibles que, por la inercia que vienen teniendo, no serán todas buenas noticias. El precio de la canasta básica había subido en agosto, otra vez, por encima de la inflación general. Y el 30 se conocerá la incidencia de la pobreza del primer semestre, que mostrará una baja, pero no sustancial debido a que ya no estaba el “paquete Covid-19” que el año pasado había morigerado la suba.
La otra vía de financiamiento posible es la de la deuda: en lo que va el año el Gobierno ya emitió pasivos por 2,7 billones de pesos, lo que fue usado para pagar vencimientos. No unos 382.550 millones de pesos quedaron en Economía. Ayer se confirmó que además de las dos licitaciones que restan de este mes, se harán otras ocho entre octubre y diciembre para conseguir unos 317.450 millones de pesos netos.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
