Después de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, solo resta que sea promulgada por el Poder Ejecutivo para que entre en vigencia, lo que se espera que ocurra esta semana. Sin embargo, desde el sector opositor a la ley, identificado con el color celeste, ratificaron que irán a la Justicia a buscar la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
“Estamos trabajando en un recurso de inconstitucionalidad para presentarlo una vez que esté vigente. Eso esperamos que sea esta semana”, adelantó a Clarín Raul Magnasco, presidente de la asociación Más Vida, y dijo que la demanda se presentará en el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia Federal.
“Sabemos que en el fondo esto es una cuestión política. Pero estamos preparados para recurrir a las cortes internacionales en el caso de que la Justicia Argentina quiera esquivar el bulto”, sostuvo.
Para magnasco, con el pedido de inconstitucionalidad “le estamos dando una luz de esperanza a muchos países, que luego de la aprobación de la ley en Argentina, también estan discutiendo legalizar el aborto, como México, Colombia, Venezuela”.
Sobre la supuesta inconstitucionalidad, aseguró que “la Constitución Argentina tal como esta redactada no permite ninguna normativa que pueda interrumpir el crecimiento de ningún niño, desde la concepción hasta los 18 años”.
Ya la semana pasada, con la ley recién aprobada en el Senado -con 38 votos a favor y 29 en contra- la legisladora tucumana Silvia Elías de Pérez adelantó que los “celestes” irían a la Justicia. “La Argentina se ha obligado a estándares altísimos de protección de la vida desde la concepción”, dijo entonces..
“Este proyecto es violatorio de los dispuesto por la Constitución Nacional. Este proyecto le niega la condición de persona al niño por nacer. Aquí no hay margen para especulaciones”, sostuvo por su parte Pablo Blanco, de la UCR de Tierra del Fuego.
Mientras, Alfredo De Angeli, de la Alianza Unión por Entre Ríos, expresó en el recinto: “No puedo votar esto porque cuando venimos acá a jurar yo juré por la Constitución. Y este proyecto es inconstitucional. No estaría cuidándola”.
“Esta ley no va a resolver el problema. El problema acá es de políticas públicas. Estamos despenalizando al ser gestante, pero estamos penalizando a otros por la objeción de conciencia. Hasta el título pueden perder los profesionales con esta ley. Insisto, despenaliza al ser gestante y penaliza a los profesionales que están con objeción de conciencia. Es una aberración institucional esta ley”, añadió.
