La oposición busca por varias vías poner un freno a la suba de tarifas y ahora quiere innovar declarando a los servicios de agua potable, electricidad y gas como "derecho humano fundamental".
Se trata de un anteproyecto de ley que presentó el diputado nacional Andrés Vallone y que cuenta con el apoyo de los miembros de su bloque, Unidad Justicialista.
En paralelo, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y Somos (de Victoria Donda) están trabajando en una iniciativa para exigir al Gobierno que retrotraiga los últimos incrementos y que ate las próximas subas a las variaciones salariales. Eso lo impulsarán en marzo.
El bloque de diputados kirchnerista se anticipó presentó hace dos semanas un nuevo proyecto para congelar tarifas de servicios públicos, retrotrayendo el valor de las mismas al 31 de diciembre del año pasado y restringiendo futuras subas.
En tanto, la Defensoría del Pueblo bonaerense e intendentes de la oposición presentaron una acción de amparo ante la Justicia para intentar frenar la suba de tarifas del servicio eléctrico dispuesta por el Gobierno nacional.
La presentación fue confirmada por el defensor bonaerense, Guido Lorenzino, y los intendentes de La Matanza, Verónica Magario, y de San Martín, Gabriel Katopodis, además del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
Así, el tema que pisa fuerte en pleno año electoral, llegó una vez más al Congreso y a la Justicia luego de las polémicas declaraciones al respecto del exministro de Energía, Juan José Aranguren, y el tenso cruce con el candidato presidencial de Red por Argentina, Felipe Solá.
“Para gozar de una vida en sociedad y digna, es necesario contar con servicios esenciales que hoy se han transformado en un bien poco asequible”, argumentó Vallone y destacó que el acceso a estos servicios compromete a la salud.
Según el diputado puntano, no se trata de “gratuidad como dijo el presidente Mauricio Macri”. Ocurre que en plena campaña electoral de 2015 Aranguren había prometido que la energía sería gratuita para los sectores más humildes.
Se trata, dijo Vallone, de "asequibilidad para todos, a lo que no se llega estableciendo tarifas sociales por excepción, sino consagrando tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes selectivos para quienes gozan de una posición privilegiada".
Arrancó la campaña electoral
Días atrás, Solá, actual diputado y candidato a presidente por Red por Argentina, propuso un esquema de tarifas planas para la clase media y baja y los sectores productivos y los clubes de barrio, y Aranguren lo cuestionó.
El exministro de Energía desató una polémica al decir que él no estaba de acuerdo con que la energía sea un derecho humano: "En algunos casos es un servicio público, en cierta parte del sistema energético, como el transporte y la distribución. Pero en todos los países del mundo, al menos en los que han progresado, se ha pagado por la energía lo que la energía vale".
Sus declaraciones fueron repudiadas por amplios sectores de la oposición, que ven el aumento de las tarifas como un beneficio a las empresas a costa de mermar el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Solá, en particular, argumentó que “la electricidad, el gas y el agua no son mercancías. Un modelo energético es el correcto si es capaz de suministrar energía en cantidad y calidad a un precio justo, atendiendo a su vez el crecimiento de la demanda”.
Y desafío: “Aranguren, como el Presidente [Macri] se hace el distraído con estos temas te invito a que debatamos nosotros acerca de si la energía es una mercancía o un derecho humano. Poné día, hora y canal. O por Twitter. Como vos quieras”.
