La violencia observada por el mundo entero el sábado en las inmediaciones del estadio de River Plate profundizó las diferencias entre los Gobiernos nacional y de la Capital Federal en materia de seguridad, algo que viene desde hace un año con un conflicto subterráneo muy espeso.
Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta son amigos y hablan por teléfono todos los martes y jueves, cuando no se reúnen. Incluso el sábado hablaron varias veces. El Presidente estaba en la quinta de Chapadmalal, lugar al que viajó con su familia para descansar el fin de semana previo al G20.
Pero, más allá de los pases de factura por la contingencia que se materializaron en la noche del sábado entre los ministerios de Seguridad de ambas jurisdicciones, hay un problema que, tras un año, ni Macri ni Larreta resolvieron y se profundiza: el conflicto policial.
Hacía 27 días que había asumido la Presidencia cuando Macri le firmó a Larreta el traspaso de la Policía Federal el 6 de enero de 2016. Trasladaron más de 19.000 efectivos a la órbita de la Ciudad, que se unieron a los 6.300 que integraban la Metropolitana.
Fue un cambio de proporciones, hecho en pocos meses. Sólo las áreas encargadas de delitos federales y custodias oficiales quedaron a cargo de la Casa Rosada. Pero la Policía porteña nunca terminó de tomar forma y consolidarse: hoy ni siquiera tiene inteligencia criminal.
El traspaso de los agentes se realizó con recursos, por lo que para los porteños tuvo costo cero. Desde entonces, se puso en marcha un proceso de “homogenización salarial”, dado que los metropolitanos venían cobrando sueldos hasta un 30% más altos que los federales.
Ese proceso terminó en noviembre de 2017. Y entonces, estalló un conflicto: hay 5.000 agentes que aseguran que no les respetaron la jerarquización, perdieron derechos y hasta les recortaron el salario, cuando la promesa era la contraria.
Ahora, esos 5.000 agentes de la Policía de la Ciudad exigen volver a la fuerza de origen, la Federal. Aseguran que desde que los traspasaron a la Capital, no sólo les bajaron los sueldos en términos reales sino que los recargaron con horas de trabajo.
Es un problema muy espeso que viene escalando: el jueves 18 de octubre, unos 150 efectivos de la Federal tomaron por la noche el ministerio de Seguridad porteño, que conduce Martín Ocampo. Estaban armados.
A la 1:00 de la mañana hubo extrema tensión cuando los quisieron desalojar. El planteo era que no quieren ir a la fuerza porteña para que no les pase lo que ya les ocurrió a sus camaradas. Tras casi 24 horas llegaron a un acuerdo, pero el conflicto no se solucionó.
Dos meses atrás habían protestado frente a la jefatura de Gobierno en el sur de la ciudad, y como no fueron escuchados en octubre tomaron el ministerio. Y exigen, aún ahora, que las autoridades den marcha atrás con la decisión del traspaso.
El desenlace
Anoche y este domingo, los asesores del Presidente Macri le apuntaban directamente a Ocampo por las graves fallas en el operativo del sábado en Núñez y deslindaban cualquier responsabilidad de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Nación.
Cerca de Macri hablan de “mala praxis”, de “falta de previsión” y de “desinteligencia”. Y señalan que después de haber realizado una afrenta a la barra brava de River Plate, Ocampo no podía quedarse “de brazos cruzados”.
Resulta que la división de Conductas Delictivas de la Policía de la Ciudad allanó el viernes la casa del líder de Los Borrachos del Tablón, Héctor “Caverna” Godoy, en la ciudad bonaerense de San Miguel.
Allí encontraron 300 entradas, 7 millones de pesos en efectivo, vestimenta oficial de River, bolsos, banderas y bombos. Todo bajo el poder de quien desde 2009 conduce a una de las barras más grandes y peligrosas del mundo.
Esas 300 entradas, están convencidos en el Gobierno nacional, eran para que ingresen los principales referentes de los Borrachos del Tablón al partido del sábado. La clave es que los barras nunca llegaron a la tribuna Sívori alta, su lugar tradicional en el Monumental.
Pero los barras igual fueron el sábado. Se dispersaron. Algunos estaban en la esquina de Libertador y Lidoro Quintero, donde el micro de Boca Juniors recibió el impacto de un adoquín que rompió un vidrio y lastimó al menos a dos jugadores.
Otros barras anduvieron por calles aledañas al estadio e incluso terminaron rompiendo vallados de madera terciada con los que tres policías pensaban frenar a 120 violentos, que finalmente lograron llegar a la puerta del Monumental e ingresar.
Ahora las investigaciones internas apuntan a quién permitió que integrantes de la barra y otros simpatizantes de River se amontonaran por donde iba a pasar el micro de Boca Juniors con los jugadores dos horas antes del partido.
Históricamente, el micro del equipo visitante transita por Avenida del Libertador y dobla en Lidoro Quinteros hacia el Monumental. Allí jamás hay hinchas de River porque la Policía directamente no los deja llegar. Este sábado había más de 500.
“Fue una emboscada”, “hubo zona liberada” y “se vio desmanejo insoportable”, dicen las fuentes del Gobierno nacional consultadas por este diario. Vuelan de bronca que esto se haya desatado a cinco días de la cumbre de líderes del G20.
Incluso, consideran que la imagen que la Argentina mostró al mundo el sábado impactará en las expectativas del exterior para con el país. No le restan importancia. Afirman que hasta se puede recalentar la cotización del dólar por un recrudecimiento de la desconfianza.
El bochorno y la vergüenza se desataron por el avance de la barra brava, una banda de criminales dispuesta a todo. Pero ahora se investiga si hubo connivencia de ese sector de la Policía que está abiertamente enfrentado al Gobierno, y que por ineptitud o impericia las autoridades no previeron.
