Con el objetivo de respetar el “género autopercibido”,dos diputadas impulsan la la eliminación del "sexo" del DNI y otros documentos oficiales.
Se trata de Silvia Horne, diputada nacional de Río Negro, y Lucía De Ponti, legisladora de Santa Fe, ambas pertenecientes al Movimiento Evita. De acuerdo al texto impulsado por Horne, se trata de una noción "falsa" y que ya no tiene "utilidad".
La iniciativa pertenece a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FALGTB) y es acompañada por Horne, legisladora del Frente para la Victoria (FpV). "(El proyecto propone) eliminar la categoría de 'sexo' de cualquier documento público o privado; y garantizar la integridad, la autonomía y la diversidad corporal de todas las personas frente a intervenciones destinadas a modificar sus características sexuales para adecuarlas a los estándares médicos de asignación sexual o 'normalidad'", señala el texto difundido por la entidad.
Asimismo, subraya que en la actualidad persiste una "falsa noción de sexo (basada en) la interpretación histórica, ideológica y cultural que se hace sobre ciertas diferencias anatómicas, especialmente, sobre la genitalidad y otras comúnmente denominadas características sexuales. Estas lecturas, que históricamente se han basado en paradigmas médicos/científicos, se suelen atribuir a la biología y se han asignado con carácter binario, existiendo como únicas posibilidades el binomio varón-mujer".
El proyecto también apunta contra los procedimientos médicos que puedan influir en la orientación de uno u otro sexo. La ley prohíbe "los tratamientos y procedimientos médicos forzados, coercitivos e involuntarios, invasivos y/o irreversibles, que modifiquen las características sexuales de una persona, con fines de asignación sexual", indica el circular. No obstante, precisa que el Estado debe afrontar los costos de los tratamientos de quienes deseen cambiar su propia orientación.
En cuanto a las consecuencias prácticas de la ley, como su irradiación sobre la normativa que regula la edad jubilatoria de las mujeres (60 años) y hombres (65) años, los dispositivos contra la violencia de género, el cupo femenino, entre otros, las gestoras del proyecto dicen que esto podría resolverse con "declaraciones juradas ad hoc".
"La asignación jurídica y registral de un sexo es inexacta, falsa, irrelevante jurídicamente, arbitraria, invasiva, discriminatoria, inútil y confusa. A su vez, es nociva por ser funcional a vulneraciones de derechos y de actos discriminatorios", sostuvo María Rachid, secretaria general de la FALGBT y Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo (CABA).
